EL MINISTERIO del Interior dio a conocer recientemente el balance sobre delitos de mayor connotación social en el país, en el cual se observa una baja de 6,6% en relación a 2015. De este modo, este año se ha registrado alrededor de 467 mil casos policiales, 30 mil menos de lo observado el año anterior, arrojando como resultado que en 11 de las 15 regiones se observa una disminución de los delitos. Estas estadísticas sin duda son positivas para el país, porque parecen ser reflejo de una labor preventiva más eficaz de las policías y una señal de que los delitos más graves están efectivamente disminuyendo o al menos se encuentran más contenidos.
Es llamativo, sin embargo, que a pesar de estos logros que ha dado a conocer la autoridad, la delincuencia continúe siendo el área peor evaluada en la gestión del gobierno, con un rechazo del 92%, de acuerdo a la encuesta Gfk Adimark de noviembre. Los avances en cuanto a la disminución del delito no parecen entonces reflejarse con igual intensidad en la percepción ciudadana, y aun cuando en ello puede incidir un cierto "efecto comunicacional" -de modo que la realidad puede aparecer amplificada por la información de delitos que han tenido alto impacto público-, también es posible que en la cotidianidad la caída en los delitos se experimente de muy diversas maneras, según la zona geográfica y de acuerdo con el tipo de ilícito.
Cuando se conozcan los resultados de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc), con los datos de 2016, será posible tener una idea más precisa si acaso la disminución de la delincuencia es también percibida por la población. La última Enusc reveló que el índice de victimización de hogares había experimentado un aumento de dos puntos porcentuales en relación al año anterior, la sensación de temor seguía siendo alta y el 86% estimaba que la delincuencia había aumentado. Ello no hace sino reflejar la enorme complejidad que reviste el combate al delito, y la necesidad de que sea una prioridad en las políticas públicas.