El Ministerio de Economía reaccionó en duros términos ante la gestión que realizó la Cámara Nacional de Comercio (CNC) ante el Tribunal Constitucional (TC) con motivo de la revisión del proyecto del Sernac. Valiéndose del marco institucional vigente, la CNC ingresó observaciones de constitucionalidad mediante un "téngase presente", señalando que con la acumulación de funciones del nuevo Sernac "se ha sobrepasado los límites constitucionales del principio de separación de poderes, de la atribución de potestades en función del bien común, el resguardo del debido proceso y las atribuciones jurisdiccionales de los tribunales de justicia".
El Ministerio calificó de "grave error" y de "repudiable intento de eliminar las facultades del Sernac" el escrito de la CNC. Es difícil explicar una respuesta tan destemplada, que se aleja de un tono de mesura y dialogante, sobre todo porque cuestiona un procedimiento contemplado en nuestro ordenamiento jurídico.
La reacción de Economía busca condicionar el actuar de los ministros del Tribunal Constitucional, lo que constituye una presión indebida sobre un organismo autónomo. Pero, además, esboza una cuestionable teoría en la que solo el Congreso tendría el derecho de recurrir al TC, circunscribiendo el control constitucional únicamente al arbitrio del poder legislativo. Es imperativo que, independiente del periodo electoral en curso, las autoridades respeten no solo el actuar de las instituciones sino, principalmente, los derechos garantizados en el marco constitucional vigente.