Señor director:
A raíz de los escándalos de corrupción recientes, se aprobaron el año pasado leyes que aseguran mayor financiamiento público a los partidos políticos. Como contrapartida, se les exigió únicamente demostrar la cantidad real de militantes que tenían a través del refichaje de sus miembros.
Varios partidos, especialmente el PPD, incapaces de reencantar a sus antiguos militantes, presionaron al Servel logrando modificar el sistema de reinscripción (que ya se podía hacer de manera electrónica) para realizarlo por email. Con ello esperan mantener sus privilegios para postular candidatos, formar pactos electorales y acceder a financiamiento público, mientras la formación de nuevos partidos sigue sujeta a la obligación de reunir firmas ante notario.
A diferencia de lo que han sostenido los defensores de esta decisión, fortalecer el sistema de partidos no pasa por asegurar las posiciones que tienen hoy los de la Derecha y la Concertación, sino que la responsabilidad con la democracia llama a permitir la participación política de las grandes mayorías. Si partidos como el PPD no logran cumplir ciertos requisitos mínimos, nada justifica que sigan ocupando el espacio político que se les ha reconocido hasta ahora.
Con las recientes decisiones del Servel, lejos de terminar con las barreras económicas y burocráticas que dificultan la irrupción de nuevas fuerzas políticas, las nuevas leyes terminan reforzando la exclusión, ahora con más financiamiento estatal para los partidos constituidos.
Parece irónico que los tibios avances de la agenda de probidad del gobierno terminen obstaculizados por la subordinación del Servicio Electoral a los partidos, siendo que la primera - y grandilocuente- medida de esta agenda fue dotar de autonomía constitucional al organismo.
Se confirma una vez más que la recuperación de la política para la ciudadanía solo podrá venir de la mano de fuerzas de cambio que sean autónomas de los partidos del duopolio.
Javiera Toro Cáceres
Izquierda Autónoma