Señor director:
Celebramos la aprobación de la idea de legislar en torno a educación superior por parte de la Cámara de Diputados. Creemos, sin embargo, que esta reforma sin un debate de fondo sobre el esquema de financiamiento estudiantil terminará perpetuando los vicios que arrastra el sistema desde su apertura al mercado durante la dictadura.
Si bien el Crédito con Aval del Estado (CAE) aumentó la cobertura en acceso, también legitimó las fuertes deficiencias que arrastran los estudiantes producto de las desigualdades en los niveles preescolar y escolar. Asegurar financiamiento para acceder a instituciones de baja calidad es poner parches a un modelo que debe ser reformado desde la raíz. Tanto informes de la OCDE como de la Cámara de Diputados concuerdan en que es necesario distinguir con mayor claridad el financiamiento y el aseguramiento de la calidad. Además, argüir que el CAE es positivo solo por aumentar oportunidades deja de lado el debate por cuál es la forma más justa de proveer oportunidades. ¿Deben los privados recibir ganancias por créditos que cubren programas de dudosa calidad? La provisión estatal del financiamiento estudiantil no solo es más solidaria, sino que reconoce la responsabilidad colectiva de la sociedad en asegurar el derecho a la educación -en vez de ser una oportunidad de lucro para los bancos.
Concordamos con Pedro Montt, presidente del Consejo Nacional de Educación, cuando reconoció por este medio que existen -no es sorpresa- "fuertes disputas de intereses corporativos que entrampan las reformas". Es hora de que nuestros legisladores transparenten de qué lado están en el debate por asegurar a las familias la educación de sus hijos.
Sofía Barahona
Presidenta de la Feuc