Recientemente el Ministerio de Transportes presentó una serie de indicaciones al proyecto que busca regular plataformas tecnológicas de transporte como Uber y Cabify, las que apuntan principalmente a limitar el parque de vehículos que se pueden dedicar a esta actividad, y a introducir una serie de exigencias a los conductores, quienes deberán presentarse a un concurso público.
A medida que avanza la tramitación legislativa, el proyecto se aleja cada vez más del objetivo de introducir una legislación moderna, que regule eficientemente estos servicios -ampliamente preferidos por la ciudadanía-, transitando en cambio hacia una maraña de regulaciones que desincentivará su potencial, y que aleja la posibilidad de elevar los estándares en todo el sistema de transportes.
Es evidente que este conjunto de disposiciones pretende asimilar estas plataformas a la obsoleta legislación que caracteriza al sistema de taxis, sin que éstos tengan incentivos para modernizar sus propios servicios. Desde luego, resulta completamente innecesario limitar la flota, porque las nuevas tecnologías precisamente lo que logran es satisfacer la demanda en tiempo real, lo que evita el exceso de vehículos ociosos en las calles. Asimismo, es ilusorio suponer que un consejo técnico podrá predecir mejor la demanda de pasajeros, y en función de ello fijar una cuota.
El proyecto ya contempla la fijación de tarifas, la aplicación de impuestos especiales y otro conjunto de normas que sumadas a estas nuevas indicaciones conducen a una negativa legislación.