LA LEY General de Educación (LGE), que nació fruto del acuerdo logrado durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet, estableció volver a una estructura curricular con dos ciclos escolares de seis años cada uno para la educación básica y media. Para implementar esta reforma se estableció un plazo de ocho años a partir de la entrada en vigencia de la mencionada ley, es decir, marzo de 2018. Dicho plazo pretende ser pospuesto por el gobierno a través de un proyecto de ley. Si bien ello parece necesario, dado el escaso avance en la inversión en infraestructura requerida para materializar este cambio, algunos de los efectos que supone la modificación de los ciclos curriculares podrían ser adelantados por los potenciales beneficios que podría tener esta medida.
Dos son los principales efectos del cambio en la estructura curricular establecida en la LGE, que es el modelo más común en el mundo. En primer lugar, requiere que los liceos acomoden en sus recintos a dos cursos adicionales, los actuales séptimo y octavo básico. Si bien algunos liceos ya contemplan esos niveles, gran parte de ellos no cuentan con la infraestructura necesaria para implementar estos cambios que suponen aumentar en un 50% su número de cursos. Asimismo, esta modificación genera algunas complicaciones para las familias de sectores rurales que típicamente deben enviar a sus hijos a liceos distantes de sus hogares. Así, se obliga a que niños de entre 12 y 13 años deban realizar largos traslados diariamente o deban vivir lejos de sus padres.
El segundo efecto tiene relación con la formación profesional de los docentes, quienes en educación media deben ser especialistas en las materias que enseñan a diferencia de los profesores generalistas que trabajan en la educación básica. La reforma implica que desde séptimo básico los contenidos sean cubiertos por profesores que tienen mayor formación, permitiendo, al menos teóricamente, mejores resultados académicos. Ello es una preocupación válida. Los resultados del Simce para octavo básico presentan los menores avances en la última década, situación que algunos han asociado a la falta de preparación de docentes en los últimos años de la educación básica. Por otro lado, es un paso adecuado en términos de equidad ya que entre los establecimientos particulares pagados, que educan a alumnos de mayor nivel socioeconómico, el porcentaje de profesores generalistas en los niveles en cuestión es significativamente menor que en los establecimientos que reciben subvención del Estado.
Entendiendo que ni en este gobierno ni en el anterior se avanzó en actualizar la infraestructura escolar de modo de dar cumplimiento a la ley, la actual administración decidió posponer el plazo de entrada en vigencia de la normativa hasta el inicio del año escolar 2027. Este aplazamiento es realista. Sin embargo, el proyecto de ley debiera diferenciar entre los dos efectos mencionados de modo de dar un plazo menor para que docentes especialistas se hagan cargo de la educación de los alumnos a partir del actual séptimo básico, medida que puede tener un impacto positivo en términos de calidad de los aprendizajes y también en la disminución de las brechas entre alumnos de distintos niveles socioeconómicos.