RECIENTEMENTE se conoció la escalofriante cifra de cientos de menores fallecidos en instituciones a cargo del Servicio Nacional de Menores (Sename) en la última década. Más sorprendente aún son algunas de las causas por las cuales estos niños perdieron la vida: paros cardíacos, insuficiencias respiratorias y neumonías. Es decir, los principales motivos de las muertes están asociados a falta de cuidado o a condiciones precarias en los llamados centros de protección al menor.
A pesar del impacto nacional que estas cifras han tenido, la asignación de recursos para resolver las graves dificultades no parece ir de la mano con la magnitud del problema. El presupuesto 2017 contiene un aumento real para todo el gasto público de 2,7%, mientras el Ministerio de Justicia, a cargo del Sename, obtuvo un aumento real de 1,7%. Lo que parece insólito es que el propio Sename, después de toda la alarma pública generada estos días y la constatación del vergonzoso estado de sus centros, reciba un aumento presupuestario para el próximo año de sólo 0,6% real.
A la luz de estos antecedentes se hace necesario evaluar las prioridades que tiene el gobierno y los recursos que se destinan en función de ellas. Por ejemplo, se han comprometido cuantiosos recursos para entregar educación gratuita a familias de ingresos medios altos, mientras los más vulnerables de nuestra sociedad, como son los menores abandonados y de escasos recursos, son recordados en el discurso y olvidados en la asignación presupuestaria.
Cuesta imaginarse cómo este servicio podrá superar los graves problemas que tiene con prácticamente los mismos ingresos que maneja ahora. Lo que resulta inaceptable es que de mantenerse el actual nivel de gestión y similar capacidad de gasto, los resultados esperables no variarán mucho de lo conocido hasta ahora. La sociedad y los representantes políticos deben tomar conciencia de la gravedad del problema y no permitir que continúe el ominoso descuido de los centros que el Estado destina a la protección de menores vulnerables.