La presidenta de la República declaró el jueves pasado que desconocía las estimaciones de impacto sobre el empleo de su proyecto de reforma previsional -que introduce un impuesto al trabajo de 2% de las remuneraciones laborales- recién difundidas por el Ministerio de Hacienda, y que ocupaban la portada de los principales medios de prensa. Más tarde ese día, sin embargo, la vocera de gobierno aclaró que la presidenta sí conocía el impacto sobre el empleo del proyecto previsional, mientras el ministro de Hacienda bajaba la ansiedad indicando que la pérdida estimada de 394.000 empleos correspondía al caso en que el aumento en las cotizaciones se aplicaba en forma abrupta.
En paralelo, un influyente grupo de análisis cercano al oficialismo señalaba, el mismo jueves, sus principios para abordar la discusión previsional, a su juicio "entrampada" y donde "está en juego no solo lo técnico, sino también una concepción política". Entre esos principios postulaba "garantizar un mínimo grado de apropiación del sistema por parte de la población".
Desprolijidad, confusiones, y un contexto en que gobierno, legisladores y analistas afines al oficialismo parecen siempre disponibles para acoger presiones de grupos de interés o propuestas ideológicas, no han hecho sino abonar el clima de temor por el futuro de la institucionalidad previsional y del empleo en Chile.
Como bien señaló Hacienda, es clave, para estimar el impacto de mayores cotizaciones previsionales sobre el empleo, la asociación que hagan los trabajadores entre cotizaciones adicionales y beneficios adicionales para ellos mismos. En el sistema de AFP, donde cada peso ahorrado a través de cotizaciones, invertido con rentabilidad, se transforma en beneficios para el mismo cotizante, en la forma de mejor pensión, el impacto negativo de las cotizaciones sobre el empleo es mínimo, y puede ser ignorado. Pero si buscando la "apropiación del sistema por parte de la población", se introducen cotizaciones -como el 2% en el proyecto del gobierno- que no benefician al cotizante, en una "concepción política" que empuja a profundizar en esta misma dirección, los trabajadores pueden válidamente estimar que sus cotizaciones van camino a transformarse en impuestos. Si esta visión se consolida, las estimaciones de Hacienda, en su versión más drástica, habrán subestimado el impacto que sus ánimos de reforma del sistema previsional tendrán sobre el empleo, el grado de formalidad laboral y las remuneraciones de los trabajadores.
Lo esencial es que cualquier reforma refuerce la confianza en que los fondos previsionales son y serán de los trabajadores cotizantes. Por esto es importante que este proyecto se limpie de inconsistencias e ingenuas concesiones a "la calle", como cuando vincula las remuneraciones de funcionarios de las AFP a la rentabilidad lograda en las inversiones (¿"lucro" para motivar dedicación y esfuerzo?) pero no contempla algo similar para los empleados públicos que, según el proyecto, también manejarán ahorros de los trabajadores. Lo responsable es despejar el temor de que se esté poniendo en marcha la pérdida de credibilidad definitiva de la actual institucionalidad previsional, que ha probado su valor para el país.