LA MINISTRA de Educación calificó como un abuso y cuestionó el compromiso de los establecimientos escolares que decidieron transformarse en planteles particulares pagados ante los cambios regulatorios de la ley que terminó con el copago, el lucro y la selección. Dichas aseveraciones son discutibles. No puede existir abuso si los establecimientos se están acogiendo a una posibilidad que la misma ley contempló, ni es razonable cuestionar a instituciones que seguirán formando alumnos pese a no contar con aportes del Estado.
Más allá de estos desafortunados dichos, lo relevante son los efectos de la mencionada ley en el sistema escolar. Si bien un porcentaje significativo de los establecimientos aún no ha informado al Mineduc si se transformará en entidades sin fines de lucro -el plazo expira a fin de año-, el hecho de que cerca de 80 instituciones ya se hayan traspasado a particulares pagados significará un aumento del costo para las familias -ya que no serán sujetos de subvención escolar-, lo que evidentemente reduce las posibilidades de incluir en dicha comunidad a personas de distintos niveles socioeconómicos; al mismo tiempo, no se les podrá exigir mayor regulación a sus mecanismos de selección. Es decir, justo lo contrario a lo promovido por las autoridades de gobierno y nada que vaya dirigido a mejorar las oportunidades educativas de niños y jóvenes.
El gobierno equivocó el rumbo. En lugar de consolidar una institucionalidad -Agencia de Calidad y Superintendencia- ideada durante el primer mandato de la Presidenta Bachelet para asegurar calidad y regular mejor el sistema, se antepusieron objetivos ideológicos de los que nació una reforma de la cual no existe certeza alguna que logre los resultados esperados.