Mientras hay parlamentarios de la Nueva Mayoría que tratan de negociar con el gobierno para que reintegre los recursos prometidos para la subvención de gratuidad y que fueron congelados en el proyecto de Ley de Presupuestos, hay otros que ya decidieron rechazar esta glosa.
La decisión del Ejecutivo paraliza los recursos de la subvención de gratuidad en $ 8.393 por estudiante y no los aumenta a $ 10.791 para 2018, como establecía la Ley de Inclusión.
Es el caso de la bancada PPD, que mandató al diputado Daniel Farcas para que no se apruebe la mencionada glosa en la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos, que es la primera instancia que votará la partida de Educación en el Congreso.
Con el rechazo de Farcas, más los votos en contra que ya anunciaron la senadora Ena von Baer (UDI) y el diputado Alejandro Santana (RN), esta tendrá que ser revisada nuevamente en la Comisión Mixta de Presupuestos, con lo que sería un primer tropiezo para el Ejecutivo en la tramitación del proyecto. Los otros dos integrantes son el diputado Roberto León (DC) y el senador (PS) Carlos Montes.
Además, el diputado de la UDI Jaime Bellolio advirtió que los parlamentarios de ese partido no van a aprobar ningún programa del presupuesto de Educación mientras se mantenga el congelamiento de fondos.
Farcas explicó que "queremos dar una señal política al gobierno, porque aquí está en juego la fe pública".
En tanto, la Comisión de Educación de la Cámara citó a una sesión especial para el martes 17 de octubre, a la que invitó a los ministros de Educación, Adriana Delpiano; Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, y Segpres, Gabriel de la Fuente.
Luego de varios días en que el gobierno no daba explicaciones respecto de los motivos para congelar los recursos de la subvención de gratuidad para dos millones de escolares, ayer la ministra Delpiano reconoció que "la explicación del ministro de Hacienda es que esto tiene que ver con aportes a Salud que habían quedado desfinanciados y algún aporte para Obras Públicas".
En paralelo, ayer se realizó la asamblea nacional de Conacep, entidad que agrupa a los colegios particulares subvencionados, en la que participaron más de 300 sostenedores. En dicho encuentro, el presidente de la entidad, Hernán Herrera, manifestó que acudirán a los parlamentarios de todos los sectores para intentar revertir la medida. "Esta es una ley que tiene que cumplirse, no se trata de un simple compromiso. Pensamos que derechamente es un engaño a los sostenedores que pasaron a gratuidad y por eso desde mañana mismo (hoy) comenzaremos a hacer gestiones con parlamentarios para que esto no se plasme en la Ley de Presupuestos".
A la cita fueron invitados los candidatos presidenciales Alejandro Guillier, Carolina Goic y Sebastián Piñera. Sólo este último asistió y manifestó que la decisión del Ejecutivo "es ponerles una espada de Damocles sobre la cabeza a todos los sostenedores. Yo me pregunto por qué tanto encono, por qué tanta odiosidad, por qué tanto afán destructivo con la educación particular subvencionada".
El presidente de la Corporación Nacional de Colegios Particulares Subvencionados (Conapas), José Valdivieso) planteó que en caso de que no se revierta la medida, los sostenedores afectados van a evaluar la presentación de acciones legales. "Si el gobierno no reconoce el error y no hay una solución", afirmó Valdivieso.
El asesor legislativo de parlamentarios de Chile Vamos, Jorge Barrera, explicó que los sostenedores que optaron por ser gratuitos "se ven patrimonialmente perjudicados al vulnerarse un derecho consagrado en la Ley de Inclusión". Y agregó que "ellos pueden demandar al Estado, tal como la Universidad Católica lo hizo con el AFI (aportes fiscales directos), porque una ley permanente establece el monto exacto del aporte por gratuidad y se trata de un derecho indubitado e indubitable de los sostenedores".