Señor director:
No parece haber lógica argumentativa que contradiga la obligación del Estado de proporcionar condiciones óptimas para que las universidades que le pertenecen cumplan con la misión para la cual fueron creadas por ese mismo Estado.
No obstante, esta obviedad se invisibiliza al situar la discusión en un escenario comparativo entre aquello que no es lógicamente comparable: universidades estatales versus universidades privadas. Con independencia del mayor o menor aporte al país que puedan hacer las instituciones privadas de educación superior, su creación no dependió del Estado. Con alguna honrosa excepción, las universidades privadas creadas con posterioridad a 1980, no tuvieron como motivo de su constitución servir desinteresadamente al país; por el contrario, en la mayoría de los casos su creación se debería a intereses económicos, al buen negocio que significaba y aún significa considerar a la educación como un bien de mercado.
Es incomprensible que se discuta un trato preferencial para las universidades estatales en vez de que ese trato preferencial sea la premisa básica de la disposición presupuestaria de la nación, como ocurre en otros países. Lo que se debiese discutir hoy es cómo el Estado contribuye de manera más eficaz a su fortalecimiento; es decir, cómo cumple la obligación que tiene con sus universidades, en un contexto de cambio acelerado que requiere mayor y mejor investigación, innovación, creación y desarrollo para impartir una formación de calidad en todas las áreas, cuestiones en las cuales las universidades estatales han demostrado su eficiencia a pesar de las condiciones adversas en las que les ha tocado desenvolverse.
Las familias conocen la calidad de la formación impartida en nuestras universidades estatales. Los parlamentarios que discuten las partidas presupuestarias para la educación superior debiesen recordar sus anhelos respecto de la formación académica que deseaban después de salir de educación media.
¿Acaso pensaban en primer lugar en una universidad privada?
Si se ampliaran paulatinamente los cupos para que los estudiantes ingresen a las universidades estatales y el Estado cumpliera con su obligación de facilitar que esas universidades tengan las condiciones adecuadas para recibirlos, podríamos tener un escenario distinto en el corto y mediano plazo: más y mejores profesionales e investigadores que pudiesen abordar los desafíos del país.
Nolfa Ibáñez Salgado
Investigadora Asociada
Observatorio de Educación Superior