La Fiscalía Centro Norte investigará las denuncias de -hasta ahora- tres de los reos sobrevivientes del incendio de la Cárcel San Miguel, quienes al declarar en el juicio oral, aseguraron al Tribunal ser amedrentados por parte de los uniformados al interior de sus recintos penales.

Uno de los testigos, que actualmente cumple condena en el Penal Santiago Uno, aseguró al magistrado que teme por su vida y su integridad física, ya que, según indicó, los gendarmes "nos tratan de sapos".

La Fiscalía Sur manifestó su preocupación, pues quien se desempeña en el cargo de alcaide de dicho penal, es uno de los ocho acusados por la muerte de los 81 reos tras el incendio de la cárcel San Miguel, Patricio Campos Tapia, sin embargo, su defensora, Viviana Hinojosa, manifestó que Campos será reubicado a partir del próximo lunes, en dependencias de la Dirección Nacional.

Otro de los internos que sobrevivieron a la tragedia, y que hoy declaró en el juicio, acusó ser víctima de malos tratos por parte de la misma población penal en Santiago Uno, "me hacen dormir en la calle", dijo el recluso, quien el diciembre del 2010 interpuso una denuncia por hostigamiento, ya que era amigo de algunos de los reos que participaron de la riña que originó el incendio en San Miguel.

Los tres internos que denunciaron apremios por parte de los funcionarios, pidieron ser trasladados desde su actual establecimiento hasta un recinto penitenciario en Los Andes, La Serena y la Cárcel de Alta Seguridad.

Denuncia que para el abogado defensor, Juan Pablo Gómez, fue acomodada a su conveniencia, pues "es muy habitual dentro de los recintos penales que ellos quieran mayor comodidades. Para ello hacen denuncias respecto a agresiones, y en este caso por la contingencia, hacen las denuncias en contra de gendarmes" dijo el defensor quien agregó que "por los perfiles que ellos tienen de alta criminalidad, obviamente hay un afan ganancial de irse a cárceles más cómodas y con menor control de seguridad que les permita desarrollar el estilo de vida que ellos tienen".

Hace un mes comenzó el juicio oral que se presume podría extenderse por cerca de seis meses. El ministerio público pide penas que ven entre los cinco y los siete años de reclusión para los imputados acusados por cuasidelito de homicidio.