La presencia de mujeres en cargos de elección popular es fundamental para una democracia sólida e inclusiva. Mientras más mujeres ocupen cargos de poder, será más probable que su voz sea escuchada y las desigualdades de género sean consideradas como parte de la discusión pública. Así lo reconoce la Agenda 2030 de las Naciones Unidas donde se establece que la igualdad de género es al mismo tiempo un fin y un motor para el desarrollo de las naciones.
Las elecciones parlamentarias de noviembre del 2017 fueron las primeras bajo el fin del sistema binominal, la implementación de cuotas de género, nueva ley de partidos políticos y sobre campañas electorales y su financiamiento.
La aplicación de cuotas sí funcionaron: se logró revertir la desigualdad de género en las nominaciones de candidatas, permitió incrementar los porcentajes de mujeres en el Congreso en el periodo legislativo 2018-2022 y logró acelerar significativamente el ritmo de crecimiento en la representación política de las mujeres en el poder legislativo.
A pesar de estos logros, un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que se lanzará hoy muestra que aún existen brechas de género que afectan la competencia política. El acceso al financiamiento electoral es uno de ellos, factor que incide en el éxito o fracaso de las candidaturas de mujeres. La experiencia comparada muestra que históricamente las mujeres han encontrado barreras para acceder a recursos materiales que les permitan desplegar efectivamente y en igualdad de condiciones sus campañas.
En las elecciones parlamentarias 2017 se evidenció la desigualdad en la que compiten las mujeres en materia de financiamiento. Si bien las candidatas constituyeron el 40% de las listas al Congreso, recibieron solo el 25,8% de los aportes monetarios privados.
En el Senado, los candidatos hombres recibieron en promedio casi 44 millones de pesos, mientras que las mujeres 22 millones y medio. En la Cámara de Diputados, los hombres recibieron en promedio 15 millones de pesos, mientras que las mujeres un poco más de 8 millones de pesos. Es decir, las mujeres recibieron en promedio un 51% y 55% del aporte monetario privado que recibieron los hombres candidatos al Senado y la Cámara de Diputados respectivamente.
Asimismo, hay casi un 25% de mujeres candidatas que no accedió a ninguno de los tres tipos de aportes privados, cifra que se empina a casi un 70% en el caso de los aportes propios, probablemente porque las candidatas no tenían ni patrimonio ni acceso a crédito.
Esta situación deja a las mujeres en una evidente situación de desventaja para el desarrollo de sus campañas. Buscar estrategias para estimular aportes monetarios privados a mujeres y hombres es un desafío fundamental de cara al futuro. Esto involucra tanto a los partidos políticos, como al Estado y a la sociedad en su conjunto.