SEÑOR DIRECTOR
Llama la atención cómo tan rápido el Frente Amplio cayó en las malas prácticas de la vieja política, utilizando la acusación constitucional para propósitos políticos.
La objeción de forma de la Contraloría General de la República es válida tanto para el protocolo del gobierno de Bachelet como para el de Piñera. Ahora bien, es importante recordar que la ley mandata que estas materias se regulen a través de un protocolo y no de un reglamento, de manera que el tirón de orejas debiera ser más bien para nuestros parlamentarios.
La objeción de fondo que prohibe que clínicas con convenio con el Estado puedan declararse objetoras de conciencia se aplica tanto al protocolo del gobierno anterior como al actual, pues en ambos se permite que las clínicas con convenios con el Estado puedan declararse objetoras. La diferencia entre el protocolo anterior y el actual es un matiz; que mientras el actual permite la compra de prestaciones de ginecología y obstetricia, el anterior las prohibía. Si bien el cambio que introduce el ministro Santelices elimina el "costo" asociado a la objeción de conciencia, rectifica una discriminación impresentable contra las mujeres, pues el "costo" lo pagábamos exclusivamente nosotras.
Pero más preocupante que la artimaña de la acusación constitucional es la falta de tolerancia que se respira en el debate público. Lo que parecía ser un avance progresista, al final es solo más de lo mismo: intolerancia disfrazada de superioridad moral.
Sylvia Eyzaguirre