SEÑOR DIRECTOR
La Contraloría General de la República declaró ilegal el protocolo de aborto en tres causales. Más allá de los cuestionamientos de forma, el dictamen también es de fondo y prohíbe que una institución que se declara objetora de conciencia pueda recibir fondos públicos.
En la misma línea de crítica, una institución con rol público no puede anteponer sus creencias ideológicas o religiosas a la entrega de prestación médica. Con esto esperamos que instituciones como la Universidad Católica dejen de darle la espalda a miles de mujeres y niñas que necesitan atención médica para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo a lo largo del país, y entiendan que no pueden desentenderse de un derecho alcanzado tras años de lucha y discusión en el Congreso.
Araceli Farías
Vicepresidenta FEUC 2018