El viernes 9 de agosto pasado podría haber marcado un hito dentro del caso que involucró una serie de irregularidades en el Sistema de Consulta y Oferta de Montos de Pensión (Scomp), incluida la falsificación de 1.500 certificados de ofertas de pensión de afiliados.
Ese día, el Ministerio Público pretendía realizar la primera formalización por el delito de fraude al afiliado contra uno de los principales asesores previsionales suspendidos a raíz de las irregularidades descubiertas y sancionadas administrativamente por la Superintendencia de Pensiones (SP) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Lo anterior, en el marco de que se cumplía un año desde que se diera a conocer el escándalo.
Sin embargo, el imputado Andrés Orrego Arriagada no se presentó a la audiencia convocada en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago. La razón: no pudo ser notificado.
Tras ello, el fiscal que lidera la investigación, Felipe Sepúlveda, jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, solicitó una nueva audiencia al tribunal. La instancia aceptó la petición y fijó la fecha para el 27 de septiembre.
Pero Orrego nuevamente no asistió, pues tampoco pudo ser notificado en dicha ocasión.
El fiscal Sepúlveda insistió ante el tribunal, que fijó el tercer intento para el próximo viernes 8 de noviembre a las 10 de la mañana en la sala 403.
En ese contexto, la jueza Ely Rothfeld instruyó notificar a Orrego "apercibiéndolo en el acto de su notificación, que, en el evento de no comparecer injustificadamente, será conducido por medio de la fuerza pública a la presencia judicial, y quedará obligado al pago de las costas que causaren, sin perjuicio de las sanciones que además pueden imponérseles, de conformidad con lo prevenido en el artículo 33 del Código Procesal Penal".
El origen de la causa
La acusación del Ministerio Público surgió de la querella presentada en octubre de 2018 por el Scomp, entidad controlada por la Asociación de AFP y la Asociación de Aseguradores, que es representada en el caso por los abogados Rodrigo Reyes y Marcelo Oyharcabal.
La acción legal apuntó contra quienes resulten responsables de las irregularidades detectadas, en julio de 2018, por la CMF y la SP respecto de la actuación de los asesores previsionales y agentes de ventas, que gestionan retiros programados y rentas vitalicias mediante la plataforma electrónica donde se realiza el proceso de intermediación de éstos.
En paralelo, los reguladores financieros iniciaron una investigación administrativa que arrojó las primeras sanciones en abril de este año. Uno de los sancionados fue, justamente, Andrés Orrego, a quien se le impuso una multa de 1.440 UF ($40 millones) y cancelaron su inscripción en el Registro de Asesores Previsionales. Lo anterior, por haber elaborado, para sí y para terceros, certificados de oferta Scomp adulterados y usarlos para adelantar la aceptación de ofertas y selección de modalidad de pensión.
Así, de los asesores que han sido multados a la fecha por un total de 5.420 UF ($152 millones), Orrego ha recibido la más alta.