Columna de Claudia Allende: Recapacitación de trabajadores y el rol del Estado

Un tema recurrente en mis columnas es la velocidad con la que la automatización, la globalización y las nuevas competencias que demanda la economía digital están disrumpiendo los mercados laborales. Por un lado, este trimestre hemos visto que varias industrias a nivel mundial han estado -y claramente seguirán- enfrentando despidos masivos, dejando a muchos trabajadores desempleados, especialmente en el sector tech. Sin embargo, sus habilidades son escasas y altamente demandadas, por lo que mi predicción es que en pocos meses ese mercado laboral se ajustará y no tendrán mayores dificultades para reemplearse. La situación es distinta para quienes tienen habilidades que se están volviendo obsoletas en el mercado laboral.

Hace algunos años el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue duramente criticado cuando, dando un discurso en una zona fuertemente afectada por cierres de minas de carbón, les aconsejaba a los mineros “aprender a programar”, para así enfrentar las dificultades laborales e inestabilidad de la industria del carbón. Pese a que las palabras de Biden eran bienintencionadas, para muchos estaban totalmente desconectadas de la realidad. Y es que no es obvio que sea tan simple transicionar de un trabajo que requiere habilidades físicas a uno que requiere habilidades cognitivas.

¿Qué nos dice la evidencia económica de este problema tan relevante para los tiempos actuales? Es complejo tener evidencia rigurosa sobre la medida en que los trabajadores pueden recapacitarse en forma exitosa y el impacto que esta tiene en su trayectoria laboral, satisfacción personal y calidad de vida. Sin embargo, hace poco leí un paper que responde esta pregunta de forma bastante creativa.

Dinamarca tiene un sistema de bienestar desarrollado y generoso, pero una regulación del mercado laboral extremadamente flexible (mucho más que la chilena, comparable a Estados Unidos). En este contexto, el 0,6% de los trabajadores daneses es desplazado de la fuerza laboral por un accidente en el trabajo cada año, proporción levemente superior a los trabajadores que quedan desempleados anualmente en eventos de despidos masivos como los que hemos visto recientemente en el sector tech en Estados Unidos. Si bien los accidentes laborales en Dinamarca son eventos bastante específicos, se dan en industrias muy diversas, y el nivel de detalle de los datos administrativos daneses nos permite aprender mucho sobre la recapacitación de trabajadores y el diseño de los subsidios. El estudio muestra que estos eventos son prácticamente aleatorios: previo a estos no existen diferencias entre los trabajadores expuestos y no expuestos al accidente. Sin embargo, una vez que sufren un accidente laboral, los trabajadores ven, en promedio, una caída permanente de sus ingresos laborales del 40%.

Si bien los accidentes pasan, esta fuerte e inesperada caída en los ingresos es un problema que debemos enfrentar como sociedad, ya que el mercado laboral no se hará cargo por sí solo. Una alternativa es que el Estado se haga completamente cargo del problema. La mayoría de los países opta por tener un sistema de seguro de invalidez laboral, con distintos grados de generosidad. En Estados Unidos, el SSDI (Social Security Disability Insurance) es uno de los seguros sociales más grandes del mundo, y sumado a los gastos en salud de los beneficiarios, que tienen asegurado acceso a Medicare, representa aproximadamente el 7% del presupuesto federal del país.

Dinamarca, como buen país nórdico, también tiene un seguro de invalidez. Sin embargo, existen otros programas que permiten a los trabajadores renunciar a ese seguro y, en vez, obtener financiamiento para volver a la universidad. La gracia del estudio es que compara la diferencia en varios indicadores entre trabajadores expuestos y no expuestos a accidentes -que se pueden considerar eventos “quasialeatorios”-, entre industrias donde los trabajadores son elegibles para continuar estudiando una carrera que incrementa sus habilidades cognitivas e industrias en las que no se ofrece este programa.

Los resultados son bastante sorprendentes. En primer lugar, muchos trabajadores deciden renunciar al generoso subsidio de invalidez para tomar el programa que les permite reentrenarse. Sin embargo, la adopción del programa de estudios es mucho mayor si es que, además, se ofrece una beca de mantención que es comparable al seguro original, lo que revela que considerar las restricciones de liquidez es clave en el diseño de este tipo de subsidios. Lo interesante es que aquellos que son elegibles para volver a estudiar ven un aumento promedio en sus ingresos del 25% con respecto a lo que ganaban ANTES del accidente, y estos efectos son persistentes en el tiempo. Por otro lado -y en mi opinión el resultado más interesante del estudio-, estos trabajadores tienen mucho menores tasas de depresión, consultas psiquiátricas y consumo de antidepresivos, incluso al compararlos con los trabajadores que nunca tuvieron un accidente. Una realidad radicalmente distinta a los trabajadores que no tienen acceso a los programas de reentrenamiento, los cuales ven una pérdida de ingresos del 40% y presentan mucho mayores tasas de depresión, a pesar de recibir un generoso subsidio del Estado. El bottom line de esta política, en términos de arcas fiscales, es un retorno neto social del 500%, lo que considera el aumento en los ingresos de los trabajadores y los ahorros del Estado en subsidios.

Si bien este estudio es específico a los accidentes laborales, nos enseña que una combinación entre subsidios bien diseñados, pero que también contemplen la posibilidad de volver al mercado, puede ser sumamente exitosa para mejorar no solo las condiciones laborales que se reentrenan, sino que también la satisfacción personal y calidad de vida. El Estado, en ese sentido, debe complementar a los mercados e intervenir cuando haya fallas en su funcionamiento (como en el caso de los trabajadores que no pueden obtener financiamiento para reentrenarse y mantenerse mientras lo hacen, ya que los futuros ingresos laborales no son contractibles). Si el Estado provee los incentivos y políticas adecuadas, el mercado puede ser la mejor alternativa para asignar los recursos.