Un repaso por lo que fue el 2023 hizo este jueves la directora del Presupuestos, Javiera Martínez. En su tercera cuenta pública, la jefa de la Dipres detalló los ejes de su gestión, pero también mostró los desafíos para este 2024: “Quisiera puntualizar cuáles son los desafíos que tenemos para el año 2024 para que después, en la próxima cuenta pública se pueda cobrar esto que estamos comprometiendo hacer durante este año”, afirmó Martínez.

Entre ellos enumeró una serie de compromisos para un mejor gasto público. Uno de los principales que detalló es que se publicará semestralmente estadísticas consolidadas del número de trabajadores informados por las instituciones públicas. Esto incluye a los órganos y servicios públicos incluidos en la ley de presupuestos, las municipalidades, las universidades estatales, las empresas públicas creadas por ley y las empresas del Estado y sociedades en que éste tenga participación accionaria superior al 50% o mayoría en el directorio.

Esta propuesta se generó en la discusión del reajuste del sector público del año pasado. En el artículo 103 se incorporó que “la Dirección de Presupuestos publicará semestralmente en su página web institucional la información disponible y consolidada por institución del número de trabajadores informados en la nómina a que se refiere el inciso primero de este artículo. Con todo, la integridad y calidad de la información será de exclusiva responsabilidad de los organismos mencionados en dicho inciso”.

De esta manera, cada repartición deberá reportar la dotación del personal que tiene por cada semestre. Con esta nueva información también se busca tener un universo total de los trabajadores del sector público -considerando que el Informe trimestral de Recursos Humanos que elabora la Dipres incluye solo al personal de la administración central-, similar a lo que reporta el INE en su Encuesta de Empleo.

Otro de los desafíos que presentó Javiera Martínez es una “agenda de trabajo sobre el ausentismo en el sector público, para identificar sectores donde sus altos niveles ponen en riesgo la calidad de servicio prestado a la ciudadanía y se propondrán medidas administrativas para su reducción”.

También se considera “la elaboración de documento de seguimiento de las acciones implementadas a partir de las recomendaciones de la Comisión del Gasto Público convocada en 2020″.

En cuanto a la modernización del Estado, la directora de Presupuestos planteó como desafío la evaluación del teletrabajo del Sector Público de programas piloto para contar con evidencia que respalde el diseño de una norma permanente de la modalidad de trabajo en el sector público.

De acuerdo al balance que hizo Martínez, 40 servicios que son parte del programa piloto y que cuentan con autorización para el periodo 2023-2026 (artículo 67°), se les brindó apoyo para la elaboración de su regulación interna. En ese contexto, se visaron 17 resoluciones que regulan teletrabajo. Asimismo, afirmó que se recibieron un total de 83 resoluciones que regularon e teletrabajo en 2023″.

En otra materia que no fue parte de la cuenta pública, pero que sí se relaciona con el quehacer de la Dipres, es el Presupuesto 2025. Si bien todavía restan varios meses para que comience esa discusión, los ministerios ya deben comenzar a elaborar sus presupuestos para presentárselos a la entidad.

Por lo mismo, desde Hacienda emanó un oficio que instruía una mayor austeridad fiscal dado el escenario de estrechez fiscal y por la meta de balance fiscal que tiene prevista el gobierno.

“Considerando el escenario fiscal y el nivel de gasto comprometido, los presupuestos deberán elaborarse prevaleciendo la responsabilidad fiscal y el uso eficiente de los recursos públicos. Acorde con lo anterior, en el caso que un ministerio presente un proyecto de presupuesto con un incremento mayor al crecimiento promedio de los últimas 3 años, este no será analizado hasta que se presente una nueva versión ajustada”, señala el instructivo.

También se menciona que para “el proyecto de Ley de Presupuesto 2025 no se consideran recursos para programas nuevos, ya que la prioridad está en la consolidación de la oferta programática existente”.

Y se enfatiza que “los programas nuevos o pilotos que comenzaron su ejecución en 2024 deberán dar cuenta de sus avances y/o evidencia de resultados para optar a continuidad o eventuales aumentos de recursos”.

Pero Hacienda no solo envió un oficio para los ministerios, sino que también para los gobiernos regionales. “Los gobiernos regionales deberán elaborar su propuesta a partir del marco comunicado, el que deberá respaldarse y justificarse detalladamente, al igual que la petición de recursos adicionales, lo que en su conjunto conformarán la petición total año 2025″, dice el instructivo de Teatinos 120.

Se detalla que “para la petición total se ha definido un límite máximo de gasto, razón por la cual, deberán priorizarse las solicitudes, prevaleciendo la incorporación de los gastos que aseguren el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones legales y contractuales vigentes, así como los gastos asociados a la Estrategia Regional de Desarrollo, las transferencias de competencias, áreas metropolitanas y la aplicación de leyes”.

Otro punto es que el gasto total no podrá exceder del 97,5% de la ley de Presupuestos año 2024 más el diferencial de reajuste en remuneraciones.

Se instruye también que en el caso del gasto en personal, “los servicios no podrán solicitar incrementos de dotación cuando su nivel de ausentismo laboral asociado a licencias médicas en 2023, medido como días promedio anual por funcionario excluyendo licencias médicas parentales (licencias por enfermedad en el embarazo, pre y postnatal y enfermedad grave de hijo menor de un año), esté por sobre un 30% respecto del mismo dato del año 2018. En el caso de que dicho indicador se encuentre entre 15% y 30%, se autorizarán incrementos de dotación solo en el caso que el servicio considere en su presupuesto de 2025 la implementación de un plan para abordar la reducción de ausentismo de su personal.

Y se enfatiza que “considerando el escenario fiscal y el nivel de gasto comprometido, los presupuestos deberán elaborarse prevaleciendo la responsabilidad fiscal y el uso eficiente de los recursos públicos”.