Justicia falla a favor de Samsung Chile en polémica con exdistribuidoras: Declaran liquidación forzosa de Touchsmart por millonaria deuda

Cell Phones on shelf in telecommunication shop. Lights over GSM phones. Showcase in store for technology devices. Concept for communication and data.

Esta decisión podría replicarse con la otra exdistribuidora demandada por Samsung, Arch Comunicaciones, lo que le permitiría a la surcoreana pasar de ser demandado, a convertirse en demandante.


A principios de junio y tras sumar dos demandas por parte de sus exdistribuidoras en menos de un año, era complejo pensar que Samsung saldría victoriosa de la polémica en la que se enfrascó a fines de 2020. Pero la justicia falló a su favor. El 8° Juzgado Civil de Santiago declaró la liquidación forzosa de Touchsmart Electronics. Una decisión que eventualmente podría replicarse con otra exdistribuidora en cuestión, Arch Comunicaciones.

De esta manera, y considerando los poco más de $5.593 millones que Touchsmart debe a partir de facturas emitidas entre el 22 de noviembre de 2019 y el 28 de agosto de 2020, se procedió a la liquidación comercial de la firma.

Además, el Juzgado designó a María Ried como Liquidadora Titular, y ordenó la incautación de “todos los bienes de la empresa deudora, sus libros y documentos bajo inventario”, según señala el documento. El pasado 6 de agosto Ried efectuó este último procedimiento, en el cual se incautaron muebles, sillas, monitores, impresoras de la empresa y documentación contable.

De esta manera, este podría considerarse el primer “triunfo” de Samsung respecto del caso, e incluso podría figurar como un antecedente relevante en cuanto al futuro de la demanda de la surcoreana en contra de Arch Comunicaciones.

Samsung y sus distribuidoras enfrentados en la justicia

En diciembre del año pasado, Arch interpuso una demanda en el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) en contra de la surcoreana y la acusó de abuso de posición dominante respecto de la venta de equipos móviles. Un actuar que, según señaló la firma, habría incidido en la paralización de las operaciones, obligando así el cierre de todos los puntos de venta.

Esto, al “sugerir” la fijación de precios mínimos de venta, de manera que habría imposibilitado a esta firma a competir en el mercado.

En aquella ocasión, Arch acusó que la política de distribución de Samsung Chile “sobrepasó los términos establecidos en los respectivos contratos”, teniendo como consecuencia “una falta de habilidad” por parte de esta misma para tomar decisiones en cuanto al comercio de los smartphones.

Pero Samsung no se quedó de brazos cruzados, y a mediados de mayo solicitó la quiebra forzada de Arch y Touchsmart por deudas que superan los US$ 16 millones en total. La mayoría en productos como televisores y smartphones.

Ambas firmas respondieron a la acción judicial y calificaron su actuar como abusivo.

Desde Touchsmart, que prestó servicios a la compañía de tecnología durante cinco años, dijeron que “la base de la supuesta deuda que Samsung reclama se generó por las políticas de venta abusivas y controladoras que impuso a todos sus distribuidores”. Y aseguraron que “nuestra situación no es aislada, y cuando las relaciones comerciales de este tipo generan el mismo problema, es necesario revisar las causas de origen”.

De esta manera y solo un mes después del actuar de Samsung, el Tribunal de la Libre Competencia acogió una nueva demanda. Esta vez por parte de Touchsmart, quien acusó “abuso de dependencia económica” y solicitó una multa equivalente al 30% de las ventas de Samsung Chile en los productos en cuestión.

A partir de lo señalado por la parte demandante, la compañía tecnológica habría abusado del “vínculo de exclusividad y la imposición de costos altos de adquisición de productos amarrados a descuentos” en contra de Touchsmart, para que esta no tuviera “otras opciones distintas para efectos de adherir o no libremente a las sugerencias” de precio de reventa.

Pero Samsung se defendió y dijo que “mantiene en todo momento una relación con sus partners y proveedores basada en la confianza, transparencia, el comercio justo y el cumplimiento con todas las leyes locales”.

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