Tal como señala el profesor Daniel Chasquetti de la Universidad de la República del Uruguay, la democracia chilena ha tomado el rumbo correcto, con reformas que la fortalecen y le otorgan sustentabilidad. Esto, gracias a la visión de Estado con que la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, decidió dar un enorme salto para modernizar la manera en que concebíamos la política y cómo ésta se relacionaba con los ciudadanos.
Aquello está nítidamente reflejado en el libro Reformas Políticas en Chile: 2014-2016 -y que ha sido presentado por nuestra Mandataria- el cual nos permitirá entender por qué las elecciones 2017 resultan inéditas, luego de introducirse transformaciones que moldearon al sistema electoral, los partidos políticos y al Servel, entre otros pilares de nuestro sistema democrático.
El diagnóstico inicial daba cuenta que la confianza hacia la política venía en una curva descendente. Los datos del Informe de Auditoría de la Democracia 2014 reflejaban una baja confianza ciudadana en instituciones claves para el funcionamiento del régimen democrático.
Esto requería corregir los defectos del diseño institucional (baja competencia, dineros privados en la política, campañas desreguladas, partidos solo enfocados en lo electoral y ausencia de transparencia), para relegitimar el sistema político. Así, durante los últimos años, la necesidad de fortalecer la democracia se hizo patente, y como gobierno llevamos a cabo estos cambios gracias al compromiso de los partidos políticos y el Congreso Nacional, quienes alcanzaron acuerdos y brindaron un sólido apoyo.
Las reformas tienen como finalidad aportar mayor competencia, representatividad, y transparencia al sistema político. En primer lugar, se amplió la ciudadanía con la incorporación del voto de los chilenos en el exterior, donde incorporamos al padrón electoral más de 39 mil compatriotas que antes no podían ejercer su derecho a sufragio por residir fuera del país. Asimismo, se definieron mecanismos para una participación efectiva de las mujeres en la política por medio de la ley de cuotas, que permitió aumentar el número de candidatas de 91 en 2013 a 397 en 2017.
En segundo lugar, se instituyó el rol público de los partidos políticos con el establecimiento de derechos -financiamiento público-, y obligaciones -transparencia y democracia interna-. En la práctica, los aportes reservados y anónimos se terminan, dando paso a un financiamiento principalmente fiscal, lo que ayuda a emparejar la cancha.
En tercer lugar, se agregó mayor representatividad y competencia al sistema político mediante nuevas reglas electorales de representación. Los efectos más visibles de estas medidas han sido la aparición de nuevas fuerzas en el Congreso, ajenas a los partidos tradicionales.
Por último, se otorgó más transparencia a las actividades políticas con el fortalecimiento de las capacidades fiscalizadoras del Servicio Electoral, al cual se le otorgó autonomía constitucional, lo que conlleva la independencia en su actuar respecto a otros órganos del Estado.
En conclusión, destaco el esfuerzo por resignificar la democracia y reencantar a los ciudadanos. Sin embargo, son ellos quienes deben evaluar si las reformas han sido efectivas para alcanzar una democracia más madura y así devolverles la confianza en sus instituciones.