A MENOS de una semana de emitido el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), las repercusiones jurídicas, políticas y diplomáticas no cesan; más bien, al contrario, parecen crecer. Y es que la CIJ puso fin al diferendo marítimo con Perú, pero, a la vez, ha abierto muchas preguntas que no tienen fácil respuesta. Entre ellas, destaca el debate incipiente sobre un eventual retiro del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, de 1948, conocido como Pacto de Bogotá. Es comprensible que en el contexto de una derrota como la del lunes pasado haya cabida para ideas poco reposadas que creen ver en la denuncia de un tratado clave la solución para estos males. Pero ello es un error.

La decisión de la CIJ tiene una fundamentación muy débil. Los votos de minoría hacen ver que la tesis a la que llegó la corte carece de una justificación razonable, pues durante todo su razonamiento da cuenta de la evidencia existente para una práctica de ejercicio de derechos hasta 60 millas náuticas y de pronto aparece la conclusión sobre 80 millas náuticas. ¿Por qué no 60, 70, 90 o más? En este sentido, tienen razón los críticos de la sentencia: se requiere de un esfuerzo mucho mayor de fundamentación cuando existen tratados internacionales y la práctica estatal no es del todo consistente con la solución a la que llega el tribunal.

Ahora bien, ¿es la solución restarse del Pacto de Bogotá, tal como hizo Colombia?  No. Chile forma parte de la comunidad internacional desde su creación, en la que tuvo incluso un rol destacado a través de la participación de diplomáticos que negociaron acuerdos clave, como la Declaración Universal de DD.HH. Y las normas que dan forma a esa comunidad de naciones incluye, como principio fundante, la adscripción a formas pacíficas de solución de controversias. Chile forma hoy parte del Consejo de Seguridad y del Consejo de Derechos Humanos y promueve con éxito candidaturas de ciudadanos en diversos foros de relevancia mundial. Evaluar nuestra permanencia en el Pacto de Bogotá envía el mensaje de un país pequeño, con la vista corta, que no entiende bien la importancia de alimentar activamente el orden jurídico mundial, especialmente cuando hay decisiones cuestionables.

En efecto, salirse del Pacto de Bogotá tendría, en primer lugar, poco efecto práctico, ya que Chile es parte de otros instrumentos que le dan competencia a la CIJ y, aun así, cualquier país se preocuparía de iniciar procedimientos en el año de latencia que corre después de su denuncia, quedando obligados a comparecer ante ella. Pero, además, sería una pésima señal política y diplomática, que nos dejaría como malos perdedores y nos pondría a la altura de estados que se restan de la competencia de tribunales internacionales cuando tienen desacuerdos con las sentencias que éstos emiten, como es el caso de Venezuela o Colombia. Eso no es serio. Lo que corresponde es, junto con criticar fundadamente las decisiones que no observan debidamente el derecho internacional, fortalecer la participación activa en la elaboración del orden mundial, el que va mucho más allá de las relaciones comerciales que tanto entusiasman a nuestras autoridades.