La abogada proveniente de la Pontificia Universidad Católica pasó a completar el grupo de 12 abogados consejeros, entre los que se incluye el presidente de la República.
19 oct 2021 07:28 PM
La abogada proveniente de la Pontificia Universidad Católica pasó a completar el grupo de 12 abogados consejeros, entre los que se incluye el presidente de la República.
La entidad presidida por el abogado Juan Antonio Peribonio, tramita en total 11 querellas y tres ampliaciones de investigación ante la justicia ordinaria por las irregularidades que afectan a la institución castrense. Asimismo, se ha hecho parte en 43 causas ante la jueza Romy Rutherford, por malversación de caudales públicos, cohecho, falsedad en materia de administración militar y falsificación de documentos públicos.
El Consejo de Defensa del Estado presentó sus descargos frente a la millonaria demanda de Clínica Las Condes por atención de pacientes Covid. En su presentación, acusó al recinto médico de pretender mostrarse como una víctima de una supuesta “requisición de servicios, institución con registros históricos inmediatos solo en la Unidad Popular o en la Dictadura”. Además, pidió que la clínica exhiba sus libros contables.
El jefe del Ministerio Público de Magallanes Eugenio Campos, ingresó un escrito en el que solicita al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago anticipar la fecha en que se imputarán cargos a Héctor Espinosa, su esposa y un exayudante. Si bien este trámite ya tiene día programado -el 13 de octubre-, el investigador puso especial énfasis en la naturaleza de los delitos de presunta corrupción que pesquisa y que llevarían al Ministerio Público a pedir la prisión preventiva.
Luego de que se cerrara una extensa investigación en su contra, Juan Miguel Fuente-Alba fue acusado por la fiscalía y se solicitó a la justicia que lo condene a 15 años de prisión por el delito de malversación de caudales públicos. Pero hace unos días el Consejo de Defensa del Estado pidió reabrir la indagatoria. ¿La razón? El 29 de abril pasado, el exmilitar entregó una declaración por escrito -de 94 páginas- intentando desvirtuar una a una las imputaciones del Ministerio Público. Así, el CDE pidió que se hagan una serie de diligencias para "contrastar múltiples afirmaciones contenidas" en su último testimonio.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) asumió la representación judicial de la CMF en esta causa, al igual como lo había hecho la semana pasada en el recurso de Bice. Allí dice que el oficio de la CMF se "dictó en el ejercicio del mandato que la Constitución ha dispuesto expresamente a la CMF y las atribuciones que la ley le otorga a la CMF".
En una carta enviada a sus compañeros de labores, la abogada, quien ejerció como titular del organismo entre 1996 y 2005, indicó que tras un “proceso reflexivo profundo” llegó a la “convicción de encontrarme en el término de un ciclo existencial”.
Así lo dio a conocer el presidente del organismo Juan Antonio Peribonio en el marco de su cuenta pública. La institución registra 489 asuntos que podrían constituir delitos en el ámbito de la administración municipal, concentrados en 18 municipalidades del país. De estos, 171 se refieren a eventuales delitos de fraude al Fisco; 136 a malversación de caudales públicos; 50 a cohecho; 39 a falsificación de instrumento público, 14 a negociación incompatible y 79 a otras materias relacionadas.
El Consejo de Defensa del Estado recurrió al 22º Juzgado Civil de Santiago para revertir la resolución que frenó el proceso de suspensión de dos generales del Alto Mando de la policía uniformada. El abogado de oficiales, Jorge Martínez, aseguró que "la Contraloría carece de la potestad disciplinaria para fiscalizar la conveniencia y mérito de los actos realizados por ellos en resguardo de la seguridad interior y el orden público".
En 32 páginas el organismo que defiende los intereses del Fisco desestimó los argumentos levantados por los abogados de un grupo de 22 personas que resultaron lesionadas a causa del uso de perdigones por parte de la policía en diversas manifestaciones. Aunque respaldan el actuar de los uniformados, admiten que "en algunos casos la respuesta de las fuerzas policiales no se ha ajustado a derecho”. Junto con rechazar la compensación económica a los demandantes, el CDE sostiene en la contestación que es improcedente que los efectivos pidan disculpas públicas como lo solicitan también las víctimas.
El detenido está formalizado por intentar derrumbar mediante el uso de herramientas la estatua ubicada en Plaza Baquedano. Tras su formalización, quedó con arraigo nacional y firma mensual.
La querella por estafa que presentó Codelco por el sobreprecio en las primas de los seguros de vida cumple un año en el Poder Judicial, sin mucho movimiento: diligencias aún en curso, la entrada del CDE y la disputa entre el organismo y la minera estatal por el patrocinio de la causa. Codelco rechaza la petición y el CDE quiere insistir -si los hechos lo ameritan- e ir tras los funcionarios de la minera.
El convenio entre el CDE y Codelco incluye medidas comprometidas por la estatal por un costo de más de US$56 millones.
El fisco afirma que los intereses que debe pagar rigen desde 2014, cuando se cursó la multa original, y no desde 2019, como sostuvo su abogado, Jorge Bofill. La disputa será por miles de millones de pesos.
De ser autorizado por el Tribunal Ambiental de Antofagasta, la estatal podrá iniciar el desarrollo del proyecto estructural Rajo Inca, que busca extender la vida útil de la faena en cerca de 50 años.