CDE acumula 11 querellas y tres ampliaciones de investigación por delitos de corrupción en el Ejército

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La entidad presidida por el abogado Juan Antonio Peribonio, tramita en total 11 querellas y tres ampliaciones de investigación ante la justicia ordinaria por las irregularidades que afectan a la institución castrense. Asimismo, se ha hecho parte en 43 causas ante la jueza Romy Rutherford, por malversación de caudales públicos, cohecho, falsedad en materia de administración militar y falsificación de documentos públicos.




Tres años, nueve meses y cinco días. Ese es el lapso de tiempo que ha pasado desde que el Consejo de Defensa del Estado (CDE), entidad que se encarga de resguardar los intereses del Fisco de Chile, presentó la primera querella por delitos de corrupción cometidos al interior del Ejército.

La entidad presidida por el abogado Juan Antonio Peribonio acumula en total 11 querellas y tres ampliaciones de investigación ante la justicia ordinaria por las irregularidades que afectan a la institución castrense. Asimismo, el CDE es parte en 43 causas ante la ministra en visita Romy Rutherford, por malversación de caudales públicos, cohecho, falsedad en materia de administración militar, falsificación de documentos públicos. Y, en una causa ante la justicia militar, por infracción a la normativa de inteligencia.

Hace sólo tres semanas que el organismo volvió a acudir a tribunales a raíz de estos casos de corrupción.

El pasado 13 de septiembre, el CDE presentó una querella por fraude al Fisco -contra todos quienes resulten responsables- luego de que Contraloría detectara que la Brigada de Aviación del Ejército de Chile (BAVE) pagó sobreprecio de US$ 8,6 millones en compra de helicópteros del Ejército a raíz del Informe Final N°473–2017. En su investigación el CDE indagó las transacciones de la BAVE a la empresa C&M World Enterprises Corporation -representada por Virgilio Cartoni, uno los principales proveedores al Ejército bajo el mando de Juan Miguel Fuente-Alba-, sucedidos entre 2015 y 2017.

El ente fiscalizador también detectó sobreprecios en la compra de repuestos de aviación a C&M, que bordean los US$ 222 mil. Además, halló compras de repuestos, entre 2014 y 2015, por $ 3.285 millones, cuyo pago se encontraba pendiente.

A través de la justicia les han retenido sus bienes, departamentos, casas y hasta vehículos 4x4, pero siguen litigando. Contra el Ministerio Púbico y el CDE, los imputados han lanzado una fuerte ofensiva frente a las acusaciones de fraude. En un principio el excomandante en Jefe del Ejército fue representado por el abogado Maximiliano Eduardo Murath Mansilla, quien también ha sido defensor de varios exuniformados condenados por violaciones a los derechos humanos.

El pasado 6 de agosto el fiscal José Morales presentó la acusación en contra del exjefe castrense, para quien solicitó una pena de 15 años de cárcel por los delitos reiterados de malversación de caudales públicos y lavado de dinero. Asimismo, se acusó a la cónyuge del retirado militar, Anita Pinochet, contra quien se solicitó una pena de 10 años y un día por su rol en maniobras de ocultamiento del origen del dinero fiscal malversado.

Uno de los casos que originalmente abrió el juez Omar Astudillo es el de Sergio Vásquez Undurraga, coronel que habría aumentado en grandes cantidades su patrimonio, pero sin mayor justificación. Se trata del exjefe del Departamento de Finanzas de la Comandancia en Jefe del Ejército. En este caso los indicios serían varios. Sólo durante los últimos meses, el exuniformado logró pagar deudas bancarias por un monto total de $ 136.985.000. Además posee cuatro automóviles con un avalúo total de $ 47.000.000.

El coronel Vásquez también apuntó al negocio inmobiliario. Compró una vivienda en Villarrica por $ 61.000.000 y un departamento en Reñaca, a nombre de su esposa, por $ 80.000.000.

Los otros frentes

Actualmente, el CDE tiene a su cargo 1.270 asuntos relativos a delitos de fraude al Fisco, malversación o defraudación de caudales públicos, cohecho, soborno, negociación incompatible, apropiación indebida, tráfico de influencias, entre otros. Respecto de ellos se ha interpuesto querellas en 423 casos y se encuentra atento al avance de las investigaciones en los restantes 847 para evaluar su intervención.

Entre los casos más importantes en que se investigan eventuales delitos relacionados con corrupción y en que el organismo que resguarda al Fisco ha intervenido penalmente, están:

El fraude al interior del Ejército de Chile, donde participa activamente en las 57 aristas en las que se investigan delitos de corrupción y defraudaciones de recursos públicos, tanto en los procesos radicados en la jurisdicción militar, a cargo de la ministra en visita Romy Rutherford, como en los abiertos ante la justicia ordinaria, a cargo del Ministerio Público.

Por otro lado también el CDE es querellante en el caso del fraude al interior de Carabineros de Chile, dirigida contra 127 imputados formalizados y acusados, y en el que se obtuvieron 94 condenas en juicios abreviados. Un imputado fue sobreseído, otro se encuentra en estado de rebeldía y los 31 acusados restantes se encuentran a la espera del próximo inicio del juicio oral.

Corpesca y el juicio seguido contra la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo. En ambas causas, las sentencias fueron contundentes al dictar condenas acordes con la gravedad de los delitos cometidos y acogieron argumentos medulares de las intervenciones fiscales. La sentencia dictada contra los exparlamentarios Jaime Orpis y Marta Isasi da cuenta de ello: en los tres hechos por los cuales el CDE presentó acusación particular se obtuvieron condenas.

En Corpesca, el CDE interpuso cinco libelos acusatorios y fue el primer interviniente en querellarse en 2015, acción que permitió interrumpir alegaciones que buscaban declarar la prescripción de los delitos que entonces comenzaban a investigarse.

“La condena obtenida contra la persona jurídica de la empresa, primera de su tipo dictada en el marco de un juicio oral en el país, constituye un hecho sin precedentes que, sin duda, sentará la base para la jurisprudencia nacional y para estudios respecto de cómo se configura la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile”, explicó el CDE a La Tercera.

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