Cada nombre de persona natural o sociedad que apareció en la prensa fue analizado con celo. Bancos, AGF, corredores de bolsa y diversas entidades corrieron a revisar sus registros para determinar si alguno de los involucrados en la denominada Operación Tokio había utilizado sus plataformas.

En la industria financiera grandes actores como BancoEstado y Santander fueron salpicados por la presencia de trabajadores suyos en el esquema. Pero otras plataformas fueron las utilizadas posteriormente para sacar recursos del país: Orionx, un exchange de criptomonedas, y Koywe, una fintech de tesorería basada en activos digitales.

La semana pasada, el Ministerio Público dio un golpe al Tren de Aragua al destapar una red que terminó con la formalización de 17 imputados por asociación criminal, extorsión, lavado de activos, tráfico de drogas y contrabando de vehículos.

La investigación acusa la existencia de unos $75 mil millones lavados entre 2022 y 2025, recursos que provenían de la extorsión, tráfico de drogas, prostitución, estafas telefónicas y contrabando. Según el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, el dinero circulaba por diversas cuentas bancarias para perder la trazabilidad. Luego era transformando en criptomonedas para operar en el extranjero. Y aunque entre las plataformas utilizadas estaban Koywe y Orionx, habría más.

Fuentes policiales advierten que en las trasferencias al exterior se utilizaron las plataformas Binance y BingX. Y este viernes El Mostrador reveló la existencia de Plusspay, plataforma que ofrecía transacciones en criptomonedas vinculada al Tren de Aragua. La firma se encontraba inscrita en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) bajo la modalidad de prestadores de servicios financieros -al igual que en la UAF-, clasificación establecida por la Ley Fintech.

Desde la CMF emitieron un comunicado en el que subrayaron que “la sola inscripción no implica autorización”.

Según el regulador, actualmente la CMF se encuentra realizando un proceso de supervisión, a objeto de verificar que todas las entidades inscritas en el registro de prestadores de servicios financieros hayan cumplido con la instrucción de actualizar su información y cumplir con los requerimientos adicionales contenidos en la norma general 502, dentro de un plazo.

“En dicho proceso se detectó que varias entidades no habían actualizado su información de inscripción, y por ende, no se habían ajustado a los requerimientos normativos vigentes, entre ellas, Inversiones Plusservice Spa y otras entidades inscritas como intermediarios y custodios y otras 14 inscritas como asesores de inversión”.

El mercado

Un exchange es una plataforma digital en la cual se transan criptomonedas. En Chile, según estimaciones de algunos actores, se negocian unos US$2 millones diarios en estos activos digitales, de los cuales entre el 45%-50% corresponde a Buda.com, en torno al 40% a Notbank -ex CryptoMKT- y cerca de 15% a Orionx.

Según el sitio Coinmarketcap -que rastrea a nivel global los precios de las monedas digitales en tiempo real- la capitalización de criptomonedas alcanza los US$2,2 billones. Bitcon y Ethereum son las más relevantes, con un valor de mercado de US$1,3 billones y US$202 mil millones, respectivamente.

Pero su particularidad es que al ser digitales no requieren de un banco central que las emita y regule. Son gestionadas por una red de computadoras descentralizadas y su contabilidad se realiza mediante blockchain, una base de datos compartida y descentralizada.

Para operar en cualquier plataforma en Chile los usuarios deben registrarse, verificar su identidad y acreditar el origen de los fondos. Con ello pueden adquirir criptomonedas y participar en el mercado. Una moneda digital puede ser enviada de una billetera digital -deposito virtual o físico, como un disco duro con clave, donde se almacenan- a otra plataforma, fuera del país incluso, para posteriormente ser transada. Esa es una de las ventajas que ha visto el crimen organizado en su uso.

Para comprar o vender directamente en una plataforma en el extranjero no existen grandes dificultades. Se puede adquirir una criptomoneda en un exchange fuera del país con una tarjeta de crédito o débito, o hacer una transferencia vía sistema swift, entre otros medios. Binance, la mayor plataforma de transacciones en el mundo, está desde 2021 en la lista de entidades no reguladas de la CMF. En su oportunidad, el regulador advirtió a “los inversionistas que, antes de realizar una inversión, siempre busquen mayor información sobre los productos y las empresas con la que están considerando invertir”.

Mauricio Fernández Montalbán, exdirector de la Unidad Especializada en Delitos Económicos (Ulddeco) de la Fiscalía, señala que la trazabilidad de las transacciones con criptoactivos es posible de reconstruir, que existen softwares para ello en manos de las policías del país y organismos del Estado, pero que “solo a veces” es posible congelar activos.

En esa línea, apunta que “estas investigaciones demuestran que se falla en términos de oportunidad”, por la velocidad de las transacciones con monedas digitales.

Rescates en cripto

En su informe de tipologías de febrero de 2026, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) analizó las sentencias definitivas condenatorias dictadas por los tribunales para el periodo 2020-2024, en el que consideró 199 sentencias, centrando su análisis en 174 de ellas, agrupadas en 103 casos.

De esos 103 casos, en 82 (78,6%) se identificó el uso de 13 tipos de productos financieros o similares, siendo los más frecuentes el dinero en efectivo (86,4%), las cuentas bancarias y sus productos asociados (64,2%), los créditos, como financiamiento automotriz, hipotecarios, bancarios, de consumo y las tarjetas de crédito (25,9%) y los vales vista (8,6%). Sin embargo, también indicó que “se ha observado que ciertos productos financieros ya establecidos continúan siendo utilizados en mecanismos de lavado de activos, entre ellos, las cuentas para operar con activos virtuales (billeteras, criptomonedas, entre otros), el leasing y las tarjetas de prepago”.

Según Fernández, el uso de los criptoactivos en el mundo del crimen organizado ha ido al alza.

“Cuando capturan el computador a una empresa, o a un organismo del Estado, el rescate lo piden en criptoactivos. En los fraudes masivos, o los fraudes en materia online, o las financieras ilegales, o en todos los mundos online de delincuencia, normalmente todos los pagos o los movimientos de dinero son vía criptoactivos. No solo está asociado a criminalidad organizada de sangre, sino que también a criminalidad organizada más financiera, que utiliza los activos digitales porque son baratos y rápidos. No tiene los controles de la banca, ni los altos costos de transferencia que tiene cualquier transacción internacional vía bancaria”.

La regulación

Desde un exchange explican que al menos dos veces al mes bloquean totalmente alguna cuenta porque los usuarios no acreditaron el origen de los recursos, aunque lo más común es limitar la cantidad de dinero que pueden transar.

Los intentos de vulnerar la seguridad de los sistemas son habituales y no solo provienen de Chile. Rafael Meruane, CEO de Notbank.com, cuenta que “hemos detectado mafias brasileras, extremadamente fuertes e inteligentes, que falsifican la identidad de clientes para tratar de operar, y ahí el uso de la biometría es clave. Son estructuras criminales de gran tamaño que, creo, son superiores al Tren de Aragua”.

Muchos de esos datos para falsificar identidades proviene, explica Meruane, de delitos previos relativo al robo de datos, por ejemplo, desde servicios públicos.

Actualmente, las plataformas de criptomonedas están inscritas en la UAF como otras entidades facultadas para recibir moneda extranjera -mientras Koywe figura como prestador del servicio de intermediación de instrumentos financieros-, categorías en las que, indican en la industria, deben cumplir con las mismas exigencias que el resto de los regulados. En la práctica, lo que se exige es identificar y conocer a los clientes, monitorear operaciones, mantener registros, designar un oficial de cumplimiento y reportar cuando corresponda.

En 2025 la UAF recibió 21.828 Reporte de Operación Sospechosa (ROS) por parte de las entidades obligadas. Los bancos enviaron el 64,6% del total, seguido por emisoras de tarjetas de pago con provisión de fondos (7,4%), cajas de compensación (4,5%), las empresas de transferencia de dinero (3,9%), los corredores de bolsas de valores (3,5%), otras entidades facultadas para recibir moneda extranjera (2,8%), las AGF (1,9%) y las cooperativas de ahorro y crédito (1,7%).

Desde una plataforma detallan que los ROS que en general envían a la UAF corresponde a operaciones con mayor volumen, o con patrones relacionados a lavado de activos o estafas, o lugares con una ponderación de riesgo alto, y que una situación común que puede levantar alerta es la vinculación con una billetera marcada fuera del ecosistema.

Por otra parte, apuntan que el destino externo de una transferencia no la hace reportable por sí solo. No obstante, existen ciertos países registrados como de alto riesgo, lo que sí puede implicar un mayor riesgo en operaciones vinculadas a éstos. En el listado de GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, las jurisdicciones de alto riesgo son Irán, Myanmar y Corea del Norte, mientras que aquellas grises agrupa a países como Bolivia, Bulgaria, Haití, Angola, Mónaco, Islas Vírgenes Británica y Venezuela.

Según Meruane, “estas mafias reclutan a múltiples personas que mueven poco dinero, pero operan de forma coordinada para consolidar los fondos en una tercera cuenta, ahí es dónde se hace la inteligencia preventiva, porque se detectan los patrones”.

Desde FinteChile, gremio que agrupa a las empresas del sector, declaran que “la seguridad del ecosistema financiero ha sido siempre una prioridad” y que desde hace tiempo vienen impulsado medidas en esa dirección. Por ello, explican que “tras conocer los antecedentes de la Operación Tokio, tomamos contacto con las empresas mencionadas y activamos nuestro comité de compliance para analizar los antecedentes y reforzar las acciones necesarias”.

“Las empresas involucradas corresponden a entidades reguladas por la CMF, registradas ante la UAF y sujetas a obligaciones de prevención y cumplimiento conforme al marco vigente”, señalan.

La última de las regulaciones a este mundo inició en julio de 2025: Travel Rule, implementada en Europa en 2024 y que, en Chile, la UAF adoptó vía Circular N°62, la cual establece la obligatoriedad de identificar a los originadores y receptores de las transacciones por US$1.000 o más en este tipo de activos.