En entrevista con La Tercera, el exsecretario ejecutivo de la CIDH afirma que las de hoy “son posiblemente las elecciones más polarizadas de la historia brasileña”.
2 oct 2022 00:02 AM
En entrevista con La Tercera, el exsecretario ejecutivo de la CIDH afirma que las de hoy “son posiblemente las elecciones más polarizadas de la historia brasileña”.
Un informe dado a conocer este fin de semana, y firmado por la hoy canciller Antonia Urrejola, revela torturas y ejecuciones sumarias cometidas en 2009.
A 13 de años de presentado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró admisible el recurso de 1.403 personas afectadas quienes acusan que el Estado de Chile violó una serie de derechos humanos en la entrega de las casas que comenzaron a lloverse en el invierno de 1997. El Estado, por su parte, argumenta que las personas afectadas ya fueron reparadas en tribunales nacionales.
La semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una visita a Chile, durante la cual sostuvo reuniones con el Presidente Gabriel Boric, senadores y diputados, entre otras autoridades. Hernández habló con La Tercera para referirse a los avances en la materia este último año.
A 10 años del fallo de la CIDH que condenó al Estado chileno luego que se probara que la Corte Suprema actuó de forma discriminadora al quitarle la tuición de sus hijas por su orientación sexual, la jueza repasa los hitos que han impulsado, tras la sentencia, leyes a favor de las disidencias en Chile. Sobre ideas de la Convención como el obligar a los magistrados a fallar con perspectiva de género cree que no es necesario explicitarlo en la nueva Constitución, porque los jueces ya lo hacen.
El documento hace énfasis en patrones de violencia y uso excesivo de la fuerza, que resultaron en la pérdida de cinco vidas por acción directa de agentes del Estado, y 26 en el marco de las protestas, así como cientos de heridos, en particular con lesiones oculares.
En tanto, la actual presidenta de la Comisión Interamericana de DD.HH., Antonia Urrejola, no fue reelecta. Pérez es doctora en Derecho por la Universidad de Valparaíso, Doctora Honoris Causa por la California Western School of Law y Magíster en Derecho Penal por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Se ha enfocado particularmente en mujeres y niñas privadas de libertad.
Con gran parte de la oposición tras las rejas, cada día son más los nicaragüenses que deciden salir del país buscando una mejor vida ante la crisis económica, que se podría profundizar en los próximos meses debido a posibles nuevas sanciones internacionales.
En entrevista con La Tercera, la presidenta de la Comisión Interamericana de DD.HH. se refiere a los comicios de hoy en ese país, donde Daniel Ortega busca una nueva reelección.
El organismo manifestó que los comicios presidenciales nicaragüenses ocurren en un “clima de represión y cierre de los espacios democráticos en el país. Con ello se busca la perpetuación en el poder en forma indefinida y mantener privilegios e inmunidades, en un contexto de represión, corrupción, fraude electoral e impunidad estructural”. El gobierno de Ortega, al rechazar el informe de la CIDH manifestó que “no es sino una insultante, ofensiva y absurda recopilación de hechos falsos, tergiversados y manipulados que no reflejan la realidad de nuestro país y cuyo único fin es difamar al Estado”.
En noviembre próximo, tanto la comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos renuevan algunos de sus cargos. En ambas instancias el Estado chileno se jugará sus cartas de la mano de la actual presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, y de la exministra de Justicia de Sebastián Piñera, Patricia Pérez. El nudo: mientras la exsecretaria de Estado ha sido priorizada por la Cancillería, la comisionada -que llegó a integrar la instancia durante el gobierno de Michelle Bachelet- tendría dificultades para reelegirse. Fuentes diplomáticas aseguran que el gobierno no estaría apoyándola con la misma decisión en las negociaciones ante los otros países de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El magistrado presentó un escrito en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuestionando a la abogada integrante de la Corte Suprema, Leonor Etcheberry. A su juicio, ella debió haberse inhabilitado del caso.
El reporte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos responsabiliza al Estado boliviano, y en algunos casos, tanto a la administración de Evo Morales como al gobierno interino de Jeanine Áñez.
De no dar cumplimiento al proceso, el caso podría emitir un informe e incluso llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En un comunicado, la CIDH recopiló la información en torno a estas movilizaciones y llamó al régimen castrista a cumplir con el Derecho Internacional así como reiteró su posición de poner fin al bloqueo de Estados Unidos sobre la isla, subrayando "que los derechos humanos se ven afectados como consecuencia del mismo”.