¿Urrejola vs. Pérez? La trama tras el proceso en que Chile se juega dos elecciones clave en el sistema internacional de DD.HH.

En noviembre próximo, tanto la comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos renuevan algunos de sus cargos. En ambas instancias el Estado chileno se jugará sus cartas de la mano de la actual presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, y de la exministra de Justicia de Sebastián Piñera, Patricia Pérez. El nudo: mientras la exsecretaria de Estado ha sido priorizada por la Cancillería, la comisionada -que llegó a integrar la instancia durante el gobierno de Michelle Bachelet- tendría dificultades para reelegirse. Fuentes diplomáticas aseguran que el gobierno no estaría apoyándola con la misma decisión en las negociaciones ante los otros países de la Organización de Estados Americanos (OEA).




“Por una América renovada”. Ese es el lema propuesto por Guatemala para la 51ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El hito, organizado por ese país, se realizará de forma virtual entre el próximo 10 y 12 de noviembre y tendrá un cariz especial para Chile. El último día, los países miembros elegirán a los candidatos y candidatas que aspiran a integrar tanto la Comisión de Derechos Humanos (CIDH) como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), comicios en los que nuestro país tiene importantes aspiraciones.

Para esas elecciones, el Estado chileno se jugará sus opciones con dos cartas. Por un lado, la actual presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, quien busca reelegirse como comisionada en la instancia, y la exministra de Justicia del primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera, Patricia Pérez, quien aspira a convertirse en jueza de la Corte Interamericana.

Lograr que ambas se impongan no será fácil y así lo reconocen distintas fuentes diplomáticas. Sin embargo, el camino estaría más despejado para Pérez, quien ha sido priorizada por la Cancillería, liderada por Andrés Allamand, y así ha quedado de manifiesto en las distintas bilaterales que éste ha sostenido con sus pares de otros países. “Todas las posibilidades de intercambio de votos están concentradas en Patricia Pérez”, sostiene una fuente que ha conocido de esas conversaciones.

En el caso de Urrejola -quien llegó a la CIDH propuesta por el gobierno de la expresidenta y hoy alta comisionada para los DD.HH. de la ONU, Michelle Bachelet-, desde la Cancillería reconocen que “los votos son escasos” y, por ende, es muy difícil lograr las dos postulaciones. Y añaden que eso es una materia que “conocen todos los que participan del proceso”.

En ese sentido, las mismas fuentes agregan que, hasta ahora, hay “más votos” para Pérez, aunque recalcan que aún no tienen los apoyos necesarios para asegurar a ninguna de las dos.

Las disímiles gestiones de la Cancillería quedaron de manifiesto justamente al presentarse ambas candidaturas en abril pasado. Mientras que para el lanzamiento de la alternativa de Pérez ante los embajadores la exministra estuvo acompañada por el propio canciller Allamand, para la presentación de Urrejola llegó la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia. La señal política no pasó desapercibida.

Presentación de candidatura de Patricia Pérez. Crédito: Cancillería.

De hecho, Pérez acompañó a Allamand a la ONU en septiembre pasado. Ahí, de acuerdo a fuentes conocedoras de las tratativas, la candidata incluso participó de reuniones que sostuvo el titular de Relaciones Exteriores con algunos de sus pares, con el objetivo de afianzar sus opciones de cara a la elección. En esas oportunidades, agregan, se aprovechó de relevar el nombre de la exministra de cara a las elecciones de noviembre.

En ese contexto, según fuentes diplomáticas, la propia Urrejola habría pedido en varias oportunidades al Ejecutivo una estrategia de apoyo también para su postulación, advirtiendo que el respaldo del gobierno no se terminaba con la inscripción y que estas se trataban de “campañas de Estado”.

En el mundo diplomático algunos interpretan que el gobierno se vio forzado a postular a Urrejola por su cargo como presidenta de la CIDH, para “evitar ruidos” innecesarios en el objetivo de posicionar a Pérez.

De todas formas, fuentes que han conocido del proceso aseguran que estos últimos meses ha habido una mejor coordinación entre Urrejola y el gobierno, sobre todo tras la llegada del embajador de Chile ante la OEA, Issa Kort (UDI).

De hecho, a fines de septiembre pasado la también relatora de Guatemala y Nicaragua viajó a Washington -traslado gestionado por la Cancillería- para sostener diversas reuniones relativas a su postulación. En todas, según fuentes diplomáticas, Kort acompañó a la exasesora de la Segpres de Bachelet. El problema es que los votos se negocian en Santiago, dicen fuentes que conocen de estos procesos.

Pese a que Pérez tendría mayores posibilidades de lograr sus aspiraciones en la Corte IDH, hay factores que podrían complicar su ascenso. Según fuentes conocedoras del proceso, la exministra aún no ha explicitado si va a renunciar o no al cargo que desempeña actualmente como conservadora de bienes raíces de Villa Alemana.

Según señalan las mismas fuentes, ese hecho habría generado ruido a niveles diplomáticos. Pese a eso, en el informe final del Panel Independiente de Expertos y Expertas para la Evaluación de Candidatos y Candidatas a la Corte y la Comisión, publicado hoy, la candidata de la Cancillería aparece sin reparos en el ítem “independencia, imparcialidad y conflictos de interés”.

“Si bien durante su carrera profesional la candidata se desempeñó en el Ministerio de Justicia, primero como subsecretaria y luego como ministra (entre los años 2010 y 2014), dichos nombramientos se condicen con la solidez profesional de la candidata y el desarrollo de su trayectoria, no existiendo otros indicios que puedan hacer concluir al panel la falta de independencia o de imparcialidad en caso de ser elegida como jueza de la Corte IDH. Respecto de posibles conflictos de interés, la candidata Pérez Goldberg indicó: ‘No vislumbro posibilidad de que surjan tales conflictos. De presentarse, me inhabilitaría’. El panel no cuenta con información de ningún tipo que le permita afirmar una conclusión contraria”, se lee en el informe.

Y concluye: “Del análisis de las fuentes con las cuales se elaboró el presente informe, el panel considera que Patricia Pérez Goldberg reúne los requisitos para ser elegida jueza y que, de así serlo, contribuiría significativamente al trabajo de la Corte IDH, en virtud de su conocimiento y experiencia”.

Respecto de una eventual incompatibilidad de ambas funciones, fuentes de Justicia recalcan que “no han hecho ninguna advertencia” en ese sentido y que, por el contrario, le han dado todo el apoyo a Pérez, apelando a que “es una mujer de mucha experiencia profesional y preparada”. Asimismo, añaden que como miembro del Consejo de CEJA “ha tenido una actuación internacional reconocida” y quienes integran la corte pueden tener otras ocupaciones, ya que -recalcan- no es una labor que exija exclusividad.

Respecto de Urrejola, asimismo, el panel recoge que la candidata “indicó que no existió proceso de preselección. Sin embargo, señaló la importancia de implementar mecanismos de nominación con amplia participación de actores. Agregó que ‘la legitimidad de la comisión es reforzada si sus miembros son propuestos a través de procesos transparentes, participativos, que permitan evaluar a los distintos candidatos y candidatas y recoger las diversas visiones y preocupaciones de los diversos actores que son claves en materia de promoción y protección de derechos humanos en cada país’”.

En el mismo sentido, el informe concluye que “reúne los requisitos para ser reelegida como comisionada y que, si lo fuera, contribuiría significativamente al trabajo de la Comisión IDH, en virtud de su conocimiento y experiencia previa acumulada. El panel considera que la señora Urrejola enriquecería el trabajo de la Comisión IDH, pudiendo dar continuidad a los objetivos planteados en los años anteriores. La candidata aportaría con su conocimiento acerca de los desafíos actuales que enfrenta el sistema y su habilidad para enfrentarlos en conjunto con los diversos actores implicados, Estados, sociedad civil y víctimas (...). El panel considera que su experiencia profesional desde diferentes sectores -Estado, academia, OEA, y la propia Comisión IDH- representa un valor adicional”.

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