Gobierno asume responsabilidad ante la CIDH por esterilización forzada y deberá tomar medidas de no repetición

Este martes, el gobierno de Chile firmó un acuerdo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el que se comprometió a “proporcionar reparaciones” a una mujer identificada como “Francisca”, quien fue diagnosticada con VIH durante su embarazo y luego esterilizada sin su consentimiento en un hospital público, hecho que ocurrió en 2002.

La ONG internacional, Centro de Derechos Reproductivos, y la fundación Vivo Positivo fueron los encargados de darle respaldo jurídico a Francisca desde 2009, cuando llevaron el caso a la CIDH “después de que la justicia chilena no le permitiera a la sobreviviente acceder a justicia”, indicaron desde el centro.

En 2002, con 20 años de edad, Francisca esperaba tener a su primer hijo. Poco tiempo después en la primera etapa de su embarazo le diagnosticaron VIH.

La joven tomó las medidas para reducir el contagio vertical y dio a luz a través de cesárea. Sin embargo, durante el procedimiento realizado en el Hospital de Curicó el personal médico le practicó sin previo aviso una esterilización quirúrgica.

En 2014 la CIDH admitió el caso por “violación de los derechos a la salud, a la integridad, a una vida libre de discriminación y violencia de género, a la libertad y seguridad personales”.

Tras firmar el documento, Francisca expresó: “Estoy feliz de que se firme el acuerdo después de tantos años de negociación y de aquí para adelante espero que el Estado cumpla con todo en el plazo correspondiente. Quiero vivir tranquila con mi hijo, que esto pase pronto y de una vez por todas”.

El Estado chileno se comprometió a reparar el daño causado, no solo con medidas individuales sino también con “medidas de no repetición que garanticen el consentimiento informado”.

De no dar cumplimiento al proceso, el caso podría emitir un informe e incluso llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.