Además, el subsecretario del Interior pidió que se designe un fiscal con dedicación exclusiva para la indagatoria.
6 feb 2024 11:30 AM
Además, el subsecretario del Interior pidió que se designe un fiscal con dedicación exclusiva para la indagatoria.
Menor fue baleado en un contexto de compra de drogas por parte de un familiar.
Cinco son las etapas del proceso de acreditación de víctimas del estallido social del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), el cual este jueves fue cuestionado por la Contraloría debido a una serie de falencias que se detectaron en la entrega de pensiones de gracia. Aquello derivó en que diputados solicitaran la remoción de siete consejeros por negligencias en sus funciones.
Varios operativos en simultáneo se realizaron durante este jueves en diversas cárceles del país.
El parlamentario, presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, apunta a que el Presidente Gabriel Boric debe retirar las pensiones de gracia a todas aquellas personas que no se les logre acreditar judicialmente su calidad de víctima de violación a los derechos humanos. Por otro lado, el diputado RN sostiene que en aquellos casos en los que tienen antecedentes por otros delitos, entonces se debe revisar particularmente.
De acuerdo con los detalles entregados por Interior, el listado corresponde a la información que la secretaria de Estado recibió previo a asistir al encuentro. Por lo tanto, agregaron: "Los nombres indicados no implican necesariamente su asistencia".
Luego de los 5 casos reportados sobre condenados por hechos de violencia en el estallido, se puso en cuestionamiento el filtro a la hora de otorgar estas ayudas. Por lo mismo, este viernes el gobierno ingresará indicaciones para que estas sean revocables. A esta lista, ahora se suma Sandro Jerez Salas, quien fue condenado por dos delitos de robo en lugar no habitado tras saquear dos tiendas en Coronel, en la Región del Biobío.
El objetivo del viaje del subsecretario del Interior es firmar un acuerdo con Venezuela para agilizar el retorno de migrantes en situación irregular. Chile mandó una propuesta, pero no ha tenido respuesta de la administración de Maduro.
La entidad ya remitió al Ministerio del Interior el reglamento que los funcionarios públicos deben seguir en este nuevo proceso eleccionario, donde se establece el marco normativo en el cual deben manifestarse. En el caso de quienes trabajen en la administración del Estado, solo pueden trabajar en pos de una opción fuera de su horario laboral.
El actual subsecretario del Interior fue uno de los diputados que impugnaron ante el Tribunal Constitucional la nueva Ley de Migraciones, que había sido tramitada por la administración de Piñera. Este episodio fue reflotado el lunes pasado en una cita con diputados opositores, ante quienes el socialista hizo un sorpresivo mea culpa.
El cuestionado altavoz que se probó en la frontera de Colchane se trata de un "LRAD", el cual es considerado un "arma no letal", que se utiliza en contextos policiales para controlar masas e incluso en algunas embarcaciones contra "barcos piratas". El dispositivo, utilizado en una pauta del gobierno y que generó una "lluvia de memes", en un tamaño mayor emite amplias frecuencias de sonido, pudiendo, incluso, generar la desorientación de las personas a raíz del ruido causado.
"Lo que ellos no fueron capaces de hacer, nos están exigiendo que lo hagamos en dos meses”, dijo el Mandatario. Sus palabras caldearon más el ambiente. En respuesta, el presidente del Senado le respondió que la actual oposición le ha "entregado todas las herramientas que ellos le negaron al gobierno anterior”. Algunos diputados opositores, además, admitieron su desconfianza con la jefa de gabinete.
El exministro, que fue acusado constitucionalmente por las mismas fuerzas del oficialismo, fue invitado sorpresivamente a una reunión en La Moneda con otras antiguas autoridades para abordar la crisis de delincuencia. La convocatoria causó extrañeza y cayó mal en la derecha, cuyos representantes finalmente decidieron restarse del encuentro.
En lo que queda de este año, pese a que RN ha exigido la salida de 12 mil extranjeros, el Ejecutivo está en condiciones de materializar la expulsión de 262 personas. Durante el próximo año, en tanto, se expulsaría a alrededor de 2.400, aunque si las gestiones de Manuel Monsalve en Venezuela rinden frutos positivos, el número podría aumentar.
El exministro, que fue acusado constitucionalmente por las mismas fuerzas del oficialismo, fue invitado sorpresivamente a una reunión en La Moneda con otras antiguas autoridades para abordar la crisis de delincuencia. La convocatoria causó extrañeza y cayó mal en la oposición, cuyos representantes decidieron restarse del encuentro.