Dar señales de unidad: las razones de los consejeros de izquierda para reclamar ante la Suprema y las cuentas alegres de republicanos

A las 6.30 de la mañana de este lunes la bancada de consejeros republicanos recibió la notificación, por parte de la oficina virtual del Poder Judicial, que la noche anterior los representantes de izquierda ingresaron un recurso de reclamación ante la Corte Suprema para impugnar las enmiendas que pretenden crear nuevos capítulos al anteproyecto de nueva Constitución que redactó la Comisión Experta.

La notificación, para una buena parte de esa bancada, se transformaba en la mejor señal política para el momento por el cual atraviesa el Consejo. Algunos consejeros republicanos estaban esperando que la izquierda diera el paso ante el máximo tribunal para luego hacer un punto político y criticar al oficialismo por “oponerse a las enmiendas que fortalecen la seguridad”.

El asunto no fue una sorpresa. El oficialismo, en una reunión de delegados realizada durante la semana pasada, notificó a sus pares de derecha que activarían la reclamación procedimental que contempla la Constitución vigente.

Ante tal aviso, ambos bloques quedaron de explorar la opción de hacer un acuerdo transversal en materia de seguridad, lo cual implicaba negociar el contenido específico de esos tres capítulos nuevos. Ese esfuerzo se materializó el viernes a la hora de almuerzo cuando la consejera María Pardo entregó un comparado con las ideas de norma que el oficialismo consideraba como indispensables.

Ese día la derecha se comprometió a analizar punto por punto durante el fin de semana. De hecho, fuentes de la oposición acusan que la misma consejera Pardo les habría comentado por WhatsApp durante el fin de semana que había tiempo para seguir conversando del contenido el lunes.

Sin embargo, esa misma versión tiene matices. Desde el oficialismo comentan que Pardo siempre fue clara en decir que el plazo para reclamar terminaba el domingo en la tarde -ese era el cálculo más conservador del oficialismo-, y que si a esa fecha no había una respuesta, ellos entendían que no había opción de tener un acuerdo en materia de seguridad y Fuerzas Armadas.

Esas mismas fuentes agregan que desde republicanos y la UDI se les transmitió que en un plazo tan acotado era poco probable tener una respuesta, ya que el contenido de las normas que entregó el oficialismo era complejo.

En esa línea, el mensaje de Pardo -en el que comentaba que aún quedaba tiempo para seguir viendo el tema durante este lunes- solo apuntaba a la eventualidad de que si se lograba un consenso en la semana, luego se podía ver la opción de que el recurso no siguiera su curso.

En los 17 consejeros oficialistas comentan que el recurso más que estar centrado en el resultado -dicen que es difícil prever si la Suprema acogerá el reclamo-, la principal razón de la reclamación apunta a “mejorar la posición negociadora del sector” al interior del Consejo.

Esto se da en un contexto específico. A juicio del oficialismo, la derecha no ha querido “dialogar de verdad” los contenidos específicos y, en estos casi dos meses, el órgano no ha podido empezar a negociar ningún aspecto de fondo.

Como ejemplo ponen lo ocurrido el jueves de la semana pasada en la comisión de Derechos sociales, instancia en la que la derecha intentó patear la discusión en detalle de las enmiendas de medioambiente, pidiendo que se aplazara ese debate, que se diera solo a nivel general y que además había que seguir invitando a expertos externos sin importar si ya habían expuesto en las semanas anteriores.

Entre los 17 consejeros de izquierda comentan que pese a que en un inicio la derecha solo quería crear un nuevo capítulo -uno para las Fuerzas Armadas-, al ver las indicaciones se enteraron de que se trata de tres nuevas secciones. Republicanos y Chile Vamos presentaron indicaciones para tener un nuevo acápite sobre “Defensa nacional”, para alojar ahí las normas sobre Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad.

Los republicanos, además, quieren tener un nuevo capítulo de “Paz, orden y seguridad interior”, mientras que Chile Vamos propuso uno similar, pero titulado “Seguridad pública”. La bancada RN-Evópoli, por su parte, presentó una enmienda para tener un acápite adicional para la Defensoría de las víctimas.

Si bien el oficialismo en un inicio se mostró a favor de condicionar el contenido del capítulo especial para las FF.AA., luego al enterarse que eran tres, vieron que era casi imposible poder dar una negociación de verdad.

A todo eso se suma el portazo que la derecha le dio a la consulta indígena. Este tema fue especialmente sensible para el oficialismo. El sector, dicen en la izquierda, resintió fuertemente “la respuesta obstinada” de los delegados de oposición que forzaron una votación “para imponer su mayoría” y declarar que el Consejo no tenía las competencias expresas para llevar adelante un proceso de consulta.

Esto, luego de que el consejero Alihuen Antileo ofreciera más de una opción de consulta para que el proceso sea “realista, económico y factible de hacer en tiempos exprés”.

Por todo eso, comentan en el bloque oficialista, la opción de reclamar ante la Suprema les permitía dar una muestra grande de unidad. Esto, en un contexto en que los republicanos han tanteado la opción de negociar solo con algunos consejeros oficialistas, en un ánimo de excluir al PC.

En la izquierda también comentan que al ser minoría -controlan 17 de los 50 escaños- tienen poco que perder. En el peor de los casos, si la Suprema lo rechaza, quedarán en la misma posición que están ahora, por lo tanto, dicen, los riesgos son pocos.

La reclamación será alegada por el abogado William García. La Suprema ya sorteó la sala y los ministros encargados de resolver la controversia serán Andrea Muñoz, Jorge Dahm, Arturo Prado, Mario Carroza y María Cristina Gajardo. El primer paso en este proceso será el examen de admisibilidad, luego los magistrados pasarán al fondo.

El sector sabe que la oposición los criticará por estar en contra de la seguridad, pero eso esperan contenerlo a nivel comunicacional. Y tal como esperaban, así ocurrió.

Esta mañana la derecha reaccionó en un punto de prensa convocado en bloque. “Este requerimiento ante la Corte Suprema demuestra la escasa, por no decir nula, sintonía del oficialismo con uno de los dolores dominantes de la ciudadanía que es la seguridad. El oficialismo le debe una explicación a los chilenos, a las chilenas, de por qué después de haberse comprometido con la seguridad proponen a la Corte Suprema declarar nulos los capítulos que tienen por objeto la seguridad”, afirmó el delegado republicano Luis Silva.

Su par de RN, Pilar Cuevas, en tanto, criticó la acción de la izquierda: “Lamentamos que se haya optado por el uso de esta herramienta. Más aún cuando estamos en conversaciones para poder llegar a acuerdos con el oficialismo. A lo menos nos sorprende, es una herramienta válida, pero no se condice con las conversaciones que hemos estado sosteniendo todo este tiempo”.

“Nos sorprende porque desde el día uno siempre hemos estado disponibles para conversar en pos de tener una Constitución de seguridad. Esa disposición va a seguir abierta y no se cierra por este capítulo que estamos atravesando en este momento”, afirmó el delegado de la UDI Arturo Phillips.

La respuesta de la izquierda llegó minutos después. “Esto implica un daño, un perjuicio a nuestros derechos. Nosotros interpretamos que hay ciertas cuestiones que no se pueden hacer y la contraparte las hace. Eso nos deja en desigualdad de condiciones porque discrepamos acerca de la posibilidad de desarrollar o ejercer esos instrumentos como la inclusión de capítulos”, afirmó el consejero Yerko Ljubetic (CS).

Ljubetic además claró: “Esto no es una sorpresa, no se enteraron ayer de lo que nosotros íbamos a hacer, nosotros estamos desde hace semanas planteando nuestras discrepancias”.