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Derribar un dron: Las nuevas dudas que vuelan con el alza de aeronaves no tripuladas

Foto: Richard Ulloa / La Tercera. - SANTIAGO - Region Metropolitana - CHILE

Entre la Subsecretaría de Prevención del Delito, la Intendencia de Santiago y Carabineros pondrán a volar 30 drones más sobre Santiago, solo a vigilar. Ya hay casi 500 autorizados. Los que operará la policía no estarán obligados a cumplir con las normas que pesan sobre "pilotos" particulares. Si alguien siente su privacidad atacada y derriba uno de estos aparatos, ¿qué pasa? Por lo visto es un debate que está recién despegando.


Hay centenares, casi quinientos -según la Dirección General de Aeronáutica Civil-, que están habilitados para sobrevolar los cielos de la Región Metropolitana. Con el anuncio hecho ayer por el gobierno, al menos treinta (30) drones más engrosarán la ya vasta flota de aeronaves no tripuladas, RPAs o UAVs en la jerga. No hay que ser piloto espacial para adivinar que eso reactivará el debate entre el derecho y defensa de la privacidad y el resguardo de la seguridad pública.

Todo ocurrirá por fases. Serán primero ocho de ellos,  que desplegará la Subsecretaría de Prevención del Delito. Luego, la Intendencia de Santiago pondrá a volar once. Y otros once los operará Carabineros.

Hasta donde se ha comunicado, se trata de máquinas que contarán con tecnología de reconocimiento facial y que podrán capturar las patentes de vehículos. El DJI Matrice 210, que es el que la autoridad anunció como operador, cuesta un poco menos de $8 millones en tiendas especializadas.

“Sí, se ha incrementado progresivamente la cantidad de drones. Hoy, hay más de 500 que tienen capacidad de volar sobre Santiago, al menos la mayoría de ellos”, dice el secretario general de la DGAC, Ricardo Gutiérrez.

Según las cifras de esa dirección, al 18 de marzo  de este año, existen 903 drones registrados ante dicho organismo. En lo que va corrido del año 76 máquinas han cumplido con ese trámite; el año pasado se registraron 260, y el antepasado 287. Un salto ante los 182 del año 2017 y los 98 del año 2015.

Otra cosa son las licencias o autorizaciones para que personas piloten u operen un dron bajo la normativa DAN 91: a la fecha hay 202. Y acá los números también han ido subiendo: este año van 112 casos; el año pasado, 440; el 2017, 343; el 2016, 285, y el 2015, 210.

Con esa curva al alza, las normas se han ido endureciendo.  Hoy uno tiene que hacer exámenes y pruebas ante la DGAC para obtener su credencial, y cumplir una serie de regulaciones. No hacerlo lo expone a multas y hasta la cancelación de la licencia. Eso, salvo que se vaya a sobrevolar zonas despobladas.

¿Estará esta nueva flota obligada a cumplir con este marco legal? No. El mismo Gutiérrez, de la DGAC, explica que ” Depende de qué tipo de autoridad. “Si el dron lo opera la municipalidad, sus operadores tienen que atenerse a la normativa. Otra área son los vuelos policiales. Al igual que en los vuelos de helicópteros y aviones, son operaciones que no están bajo la jurisdicción de la DGAC ni son fiscalizados por ésta”.

En otros países, el issue drones versus personas lleva varios capítulos. En EE.UU. y Europa se han comercializado armas para “bajar” o derribar drones; no son de fuego, sino que algunas son del tipo lanza-redes y otras que interfieren o deshabilitan la navegación. Y en YouTube hay muchos ejemplos de indignadas o indignados que las emprendieron a pelotazos o lanzando otros objetos contundentes.

En América del Norte, en todo caso, hay normas que castigan los ataques a drones, sobre todo si se les trata como bienes del Estado dedicados a la seguridad.

En Chile, el asunto es tan nuevo que se asume que derribar un dron arriesga sanción. Pero no todos están seguros.

En Las Condes, “las balas han quedado incrustadas en el dron”

Uno de los alcaldes que califica como “usuario avanzado”, Joaquín Lavín, tiene diez drones en Las Condes que vuelan de noche y de día. Priorizan la vigilancia contra el micrótráfico de drogas y las conductas que él llama “incivilidades” (vecinos que hacen mucho ruido y molestan a otros, por ejemplo).

“Efectivamente, a los drones, y eso va a pasar, les han disparado. Ha pasado acá, con bandas que han disparado. Hasta ahora, como el dron va tan alto, a unos cien metros, las balas han quedado incrustadas en el dron; nos damos cuenta cuando aterriza”, cuenta.

Fuera de eso, dice que “hasta ahora nunca ha pasado” que, fuera del caso de las bandas, alguien ataque o derribe un dron en protesta. “Me imagino que es un delito, porque está destruyendo un bien público, aunque no sé si es lo mismo que un paradero de micros”, aclara.

Pero Lavín también asegura que si bien “hoy está prohibido grabar en espacios privados, salvo que cuentes con autorización expresa de las personas. Por ejemplo, en Villa La Escuela, donde hay 300 departamentos, los vecinos autorizaron ante notario para que el dron grabar sobre ellos porque hay un problema grave de tráfico de drogas”.

Según las regulaciones y protocolos, dice, solo pueden grabar en calles y plazas, y -fuera de la autorización expresa- la única forma de hacerlo en zonas privadas es “en caso de delito flagrante”.

Solución “cavernaria”

Eduardo Vergara, de Chile 21 y ex jefe nacional de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, explica que “una persona que está en su casa o en un espacio privado, mira hacia arriba y tiene un dron, tiene dos caminos. Uno, es el modo más cavernario: intentar derribarlo. Pero las implicancias de derribarlo tienen que ver con que si es un instrumento público o un instrumento privado”.

“Si es un dron de los Carabineros o de la PDI, estarías destruyendo una herramienta policial, como si fuera un guanaco, un zorrilo, una moto o una pistola”, adelanta. Pero que si “es un dron que sobrevuela tu priopiedad privada y es manejado por un privado, ahí la disputa sería sobre si ese dron estaba sobre la propiedad privada o no, y si la máquina misma es privada”.

Vergara advierte que “puedes resolver el problema con tus propias manos, pero eso puede tener implicancias legales si es un dron de propiedad pública. Y el otro es el avance en manos de la sociedad civil”.

En la Intendencia de Santiago remiten las consultas sobre este tema en específico a la DGAC. De vuelta allí, Gutiérrez dice que ataques a drones “es un tema que escapa a la capacidad y a la normativa de fiscalización de la DGAC. Nosotros nos preocupamos de la seguridad de las operaciones: que el dron no le provoque daños a las personas. El tema de privacidad tiene que verlo el Ministerio Público: es como si un helicóptero sobrevolará el sector de Lo Curro y filma una piscina particular”.

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