La oferta OCDE que Piñera le hizo a Gonzalo Blumel antes de dejar el gabinete

Antes de salir de La Moneda, al ahora exministro del Interior se le ofreció que asumiera la embajada de Chile ante la OCDE, con sede en París. Blumel afirmó que ahora se dedicará a estar con su familia, a leer e incluso a escribir sobre sus experiencias en el gobierno. El exministro ahora tendrá que enfrentar un movido escenario judicial: hay 20 querellas presentadas en su contra, ante las cuales lo representaría el penalista Jorge Bofill.




“¿Dónde quiere seguir aportando?”.

Esa fue la pregunta que el Presidente Sebastián Piñera le hizo al ahora exministro del Interior, Gonzalo Blumel, días antes que se concretara el cambio de gabinete del martes.

Las últimas conversaciones entre el Mandatario y su exjefe de gabinete se acotaron a dos ofrecimientos: la posibilidad que Blumel recayera en otro ministerio o que viajara hasta Francia para hacerse cargo de la embajada de Chile ante la OCDE, con sede en París.

Fuentes de Palacio comentan que el nombre de Blumel también sonó para asumir otro ministerio, pero que su negativa a asumir un cargo llevó a un diseño de ajuste ministerial que contemplaba, inevitablemente, su salida del gabinete tras nueve meses exactos en el Ministerio del Interior.

En el gobierno transmiten que Blumel agradeció las ofertas pero que insistió en que durante un tiempo “prudente”, al menos hasta el próximo año, se dedicará a estar con su familia, a leer e, incluso, a escribir sobre sus experiencias tanto en la Segpres como en Interior.

A tanto llegó el ofrecimiento de la OCDE que días antes de su salida del gabinete, algunos de sus cercanos bromearon con un viaje a Europa. Actualmente, esa embajada está a cargo del exministro Felipe Morandé, quien esta mañana figuró entre los firmantes de una carta en apoyo al exministro que se publicó en El Mercurio. “Tenemos un largo desafío por delante y sabemos que Gonzalo seguirá aportando desde otra posición”, señalaron en la misiva que firmó junto a Klaus Schmidt-Hebel y Rafael Bergoeing.

Entre 2013 y 2014, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, el actual ministro de Hacienda, Ignacio Briones, fue el representante chileno en esa embajada, cuyos temas fuertes son las políticas públicas y el intercambio en esa materia con los otros 33 países de la organización. En junio del año pasado, tras el primer cambio de gabinete de su segunda administración, el mandatario le habría ofrecido a José Ramón Valente la misma posición.

El martes, minutos después de la ceremonia en que asumieron los nuevos ministros, tanto las nuevas autoridades como las salientes, subieron al Salón Azul de La Moneda donde se mostró un video de agradecimiento a Blumel. A pesar de las recomendaciones para que aceptara el cargo OCDE, Blumel reiteró una idea: que los ministros del Interior cuando se van del gabinete deben salir de la esfera pública para no interferir con el ministro que asume.

Cercanos a Blumel señalaron que entre el martes y hoy ha recibido varios mensajes, entre ellos, de senadores de oposición, algunos diputados opositores, presidentes de partido de la exNueva Mayoría e incluso exautoridades de gobiernos de la Concertación.

En Evópoli, en tanto, esperan que el exministro que pertenece a sus filas siga ligado al partido de alguna forma. Hasta ahora, le han hecho una oferta concreta: que ocupe un cargo en Horizontal, el centro de estudios de la colectividad. ¿Y alguna candidatura al parlamento para el exministro? “No es el momento”, dicen en el partido que hoy lidera el diputado Andrés Molina.

Bofill asume el frente judicial

Pero la salida de Blumel del gobierno le deja una pesada carga. Se trata de las 20 querellas en su contra que se presentaron entre 2019 y el 30 de julio de 2020 en los quince juzgados de Garantía de Santiago. En su gran mayoría lo apuntan por su presunta responsabilidad al estar al mando del ministerio del Interior ante los hechos ocurridos durante las manifestaciones del estallido social, como lesiones graves gravísimas, mutilaciones y crímenes de lesa humanidad.

Las acciones penales no solo van dirigidas en su contra, sino también en contra de Mario Rozas, General Director de Carabineros, representado por Jorge Antonio Parra, y el Presidente Sebastián Piñera, quien en noviembre del año pasado entregó un mandato de representación legal al abogado Samuel Donoso.

Mientras fue ministro del Interior, el abogado Eduardo Riquelme –asesor de Blumel en esa cartera– encabezó la defensa. Tras el ajuste ministerial, La Tercera PM pudo confirmar que el abogado penalista Jorge Bofill asumiría próximamente el patrocinio legal del ex secretario de Estado en tribunales.

Bofill -con amplia experiencia- fue parte de los cuatro abogados penalistas que en noviembre del año pasado, en plena crisis social y política, fueron fichados por el gobierno para querellarse por la quema de estaciones del Metro y otros hechos ocurridos post 18 de octubre.

A la fecha, la Comisión Chilena de Derechos Humanos figura como el mayor querellante en contra de ex autoridades a raíz de los hechos de violencia desde octubre. De hecho, al menos trece de las 19 causas judiciales que se tramitan en tribunales por estos días en contra de Blumel son patrocinadas por esa entidad en representación de las víctimas.

A cargo de la presidencia de la comisión está el abogado Carlos Margotta, quien fue miembro de la Agrupación de Abogados de Presos Políticos y exrector de la Universidad ARCIS. Como abogado de derechos humanos, en 2004 llevó adelante la defensa del exfrentista Sergio Galvarino Apablaza Guerra, detenido en Argentina y acusado de ser el autor intelectual del asesinato de Jaime Guzmán y de haber participado en el secuestro de Cristián Edwards.

Uno de los casos más emblemáticos que patrocina actualmente la Comisión Chilena de Derechos Humanos tiene que ver con el atropello con dos carros policiales ocurrido el 20 de diciembre en Plaza Italia. El joven sobrevivió y tuvo una serie de fracturas en su pelvis.

La comisión reúne también el patrocinio de una serie de personas que forman parte de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular que decidieron presentar acciones judiciales en contra de las autoridades mencionadas.

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