Muere en la cárcel el primer preso político del sandinismo: Abogado había acusado a Ortega de violar a su hermana de 15 años

El Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, saluda a sus simpatizantes acompañado de esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, durante un evento en Managua. el 8 de noviembre de 2021. Foto: AFP

Santos Flores Castillo, de 52 años, falleció en una prisión conocida como “La Modelo”, la más grande de Nicaragua, donde estaba recluido desde 2013 en circunstancias desconocidas.


“Urgente, fuentes familiares nos confirman el fallecimiento de Santos Sebastián Flores Castillo dentro de la cárcel La Modelo”. Con ese tuit, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) informó el miércoles del deceso del abogado nicaragüense de 52 años, que estaba recluido desde 2013 en circunstancias desconocidas. Considerado el primer preso político del régimen sandinista, Flores Castillo había denunciado que el Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, presuntamente abusó sexualmente de su hermana desde que tenía 15 años.

El abogado falleció el martes en una prisión conocida como “La Modelo” de Tipitapa, la más grande de Nicaragua y ubicada a unos 25 kilómetros al norte de Managua, indicó el Cenidh, que recibió la información de los familiares de la víctima. “El Ministerio de Gobernación y sistema penitenciario, deben presentar una investigación exhaustiva sobre las circunstancias de esta muerte”, indicó el organismo, que compaña a la familia en el caso que elevó contra Ortega ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Desde el Cenidh siempre estuvimos acompañando a la familia de Santos Sebastián; y denunciando los actos de tortura física y psicológica que le hicieron padecer durante todos estos años de encierro injusto”, señala el comunicado del organismo.

Según el Cenidh, Flores Castillo estaba recluido una galería de máxima seguridad “en donde le tenían completamente incomunicado y era sometido a procedimientos disciplinarios excepcionalmente graves que pueden calificarse como tortura”, indicó el portal 100% Noticias.

Los familiares de Flores Castillo aseguran que fue encarcelado “injustamente” por haber defendido a su hermana, que además resultó embarazada por la violación, según la denuncia. El abogado fue sentenciado a 15 años de cárcel en el año 2013, acusado de violación sexual agravada por Lucila Narcisa Cortez García, quien era defensora pública del Poder Judicial y amiga de la jueza sandinista Gertrudis Gaitán, cargos que siempre fueron negados por el convicto y su familia. Era considerado uno de los primeros presos políticos del régimen sandinista en Nicaragua, destaca el portal Infobae.

Flores Castillo había enviado una carta al Cenidh donde relataba detalles de las torturas que sufría en la prisión y calificaba como “una venganza” por haber denunciado al Presidente Ortega, en ese entonces en su segundo mandato. “Daniel Ortega me odia a muerte porque no estuve de acuerdo con la relación de pareja cuando el convirtió en su mujer a mi hermana Elvia Junieth, cuando ella tenía 15 años”, señalaba la misiva escrita por el detenido.

En esa carta también suplicó a organismos de derechos humanos que le ayudaran “por el amor de Dios”. “Ya no aguanto estas torturas y este encarcelamiento injusto (…) Responsabilizo a Daniel Ortega de cualquier cosa que me suceda en esta prisión o en cualquier lugar de Nicaragua”, escribió el abogado.

Elpidia Castillo, la madre de ambos, Santos y Elvia, corroboró las acusaciones de su hijo desde su exilio en Estados Unidos. Toda la familia huyó del país cuando estalló el escándalo, menos la propia Elvia Junieth, que contrajo matrimonio con un hombre cercano a la pareja presidencial, con el que ha criado al hijo del presidente, según confirmaron al diario español El Mundo fuentes conocedoras del caso.

“Ha muerto en la impunidad. Su muerte es responsabilidad de Ortega, que en su momento fue preso político de Somoza y ahora se ha convertido en el verdugo de los presos políticos, pero con mucha mayor crueldad que Somoza. En Nicaragua se cometen torturas de manera masiva y sistemática”, comentó al periódico español Juan Carlos Arce, director del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.

Un ciudadano nicaragüense protesta contra el Presidente Daniel Ortega en la Plaza de la Constitución en la Ciudad de Guatemala, el 7 de noviembre de 2021. Foto: AP

Antes de ser encarcelado el 17 de junio de 2013, el abogado llevaba varios años intentando que el caso de su hermana trascendiera a través de organismos defensores de los derechos humanos. Según la agencia EFE, el caso tomó relevancia en noviembre de 2017 cuando sus familiares decidieron denunciar desde Miami, donde se exiliaron, supuestos malos tratos y torturas a las que el reo era sometido en prisión.

La familia de Flores Castillo siempre sostuvo que su caso no era político, sino humanitario, no obstante, responsabilizaron a Ortega de lo que le ocurriera a Santos Sebastián dentro de la cárcel. “El presidente le mandó a prefabricar el supuesto delito de violación que nunca sucedió, con la finalidad de silenciar su voz”, explicó Elpidia Castillo en su denuncia ante el Cenidh.

En 2017, según EFE, la CIDH conoció los detalles del caso del ahora fallecido e inició sus propias investigaciones, que duraron cuatro años, hasta que fue admitido el 7 de septiembre pasado. Ya desde entonces el secretario general de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), Gerald Staberock, se había puesto en contacto con el gobierno de Ortega para expresar su “preocupación” por las condiciones de Flores Castillo en la cárcel, que incluía denuncias sobre “graves malos tratos, aislamiento, y restricción de visitas”, así como falta de acceso a la salud y a defensores de derechos humanos.

Zoilamérica Narváez Murillo en 1998, tras presentar su denuncia contra Daniel Ortega. Foto: AFP

Antes de que fuera conocido el caso de Elvia Junieth, Ortega ya había sido objeto en 1998 de una denuncia similar por parte de su hijastra, Zoilamérica Narváez Murillo, hija de la vicepresidenta Rosario Murillo. La madre de la joven defendió al líder sandinista, consolidando la dupla que gobierna el país hasta hoy.

El caso de Narváez no progresó en el Poder Judicial, controlado por los sandinistas, y la hijastra terminó optando por el exilio en Costa Rica. En ese país la socióloga es profesora universitaria y trabaja en diseño curricular en educación. “No soy dirigente, soy un exiliado más”, dijo en julio pasado en una entrevista con la cadena alemana Deutsche Welle.

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