Un llamado anónimo, muerte por asfixia, un imputado que dice ser “delivery” y que prestó “cobertura” para el secuestro: las pistas del crimen del teniente (R) Ojeda

A pesar de dar con el cuerpo del teniente (R) Ronald Ojeda, y con uno de los primeros sospechosos del crimen, las dudas persisten entre investigadores y autoridades. Es que, según aseguran fuentes del caso, la motivación original del secuestro y homicidio del exuniformado venezolano sigue siendo la principal interrogante de la indagatoria.

Fue el viernes 1 de marzo que la investigación dio su primer resultado, tras nueve días de búsqueda. La PDI identificó el lugar donde estaba enterrado el cuerpo de Ojeda, y horas más tarde la Fiscalía ya tenía en frente al primer imputado en el caso que comenzó el 21 de febrero, cuando Ojeda fue raptado desde su departamento en Independencia, a las 3.15 de la madrugada.

Lo primero que surgió fue el dato de dónde estaba el cuerpo de Ojeda. Los detectives recibieron un llamado anónimo que decía que en el campamento Vicente Reyes de Maipú, ubicado en Camino a Melipilla y Avenida Pajaritos, había movimientos y ruidos poco habituales, atribuibles a movimientos de carga.

Por lo mismo, las policías concurrieron hasta el lugar, donde habitan en su mayoría familias hatianas, colombianas y venezolanas. Es más, en una querella presentada por la Municipalidad de Maipú, en marzo del 2022, en medio de un conflicto judicial contra un grupo de extranjeros que vendía terrenos ilegales en el sector, señalaban que “el municipio de Maipú pudo advertir que tal asentamiento se compone de un 90% de personas inmigrantes, que pueden ocupar un sitio tras el pago de $500.000 a personas también extranjeras que residirían en el campamento Vicente Reyes. Como es de suponer, dichas construcciones carecen de acceso a agua potable, alcantarillado y demás servicios básicos, y se ubican en un área no edificable por su inmediata proximidad a rutas de alta velocidad y, además, por existir actividades industriales autorizadas relacionadas con el gas y el petróleo”.

Fue hasta ese lugar que llegó la PDI en busca de las primeras pistas que podían ayudar a resolver una parte importante del caso. En el lugar, los policías se encontraron con una mediagua, donde se advirtió que en el piso había un improvisado piso radier de cemento.

El piso tuvo que ser removido, hasta excavar 1,4 metros. Fue en ese punto que dieron con una maleta, la que en su interior guardaba el cuerpo del teniente (R) Ojeda, el cual tuvo que ser retirado en una retroexcavadora.

Una de las cosas que primero advirtieron los investigadores es que el cuerpo de Ojeda no presentaba disparos ni heridas con elementos cortopunzantes.

El cuerpo de la víctima, sin embargo, sí presentaba signos de asfixia “mecánica posicional” y una data de muerte de entre 7 y 10 días. Se sospecha que quienes cometieron el ilícito impidieron la “aireación pulmonar” de Ojeda, imposibilitándole la movilidad en la caja torácica.

Paralelamente a esa diligencia, la Fiscalía ordenaba la primera detención en el caso. Un joven que tendría cerca de 17 años, identificado como A.C., quien no presenta un rut registrado en Chile, de nacionalidad venezolana, y quien ingresó ilegalmente al país.

Los investigadores llegaron a él luego de verificar rutas y cámaras de seguridad. Es así que comenzaron a vincularlo al caso, pero -hasta ahora- no directamente en el homicidio.

Según fuentes consultadas, al imputado se le atribuyen labores de vigilancia y cobertura del secuestro de Ojeda, lo que mantiene al Ministerio Público indagando al resto de los autores del delito. Por lo mismo, hay dos órdenes de detención pendientes, en curso.

Al momento de su detención el sospechoso tenía droga en su poder, más específicamente ketamina. Fuentes policiales, hasta el momento, no lo mantienen registrado en el sistema, por lo tanto no arrojó antecedentes previos; sin embargo, se presume que era vendedor de droga, a pesar de que el joven reconoció ser delivery.

El caso ya cuenta con dos querellantes. Por un lado, la esposa del teniente (R) Ojeda y, por el otro, el gobierno, a través del Ministerio del Interior.

Si bien en una primera instancia el Ejecutivo presentó una querella por secuestro, en las últimas horas amplió esta acción judicial al delito de homicidio.

En el escrito se lee que “la víctima del delito de secuestro, Ronald Leandro Ojeda Moreno, fue encontrada sin vida con fecha 1 de marzo del presente, con una data de muerte aproximada de entre siete y diez días, lo que se correspondería con los hechos indicados en la querella inicial, pudiendo así concluirse, en base a ese dato, que con motivo del secuestro se ha cometido el delito de homicidio”.

Además, se agrega que “el hecho de haber sido encontrado el cuerpo de la víctima enterrado, en una maleta, y oculto bajo una estructura de concreto en una población tipo campamento o toma, no hace sino aumentar la turbación a la tranquilidad de un determinado sector de la población, situación ya presente desde los hechos relatados en la querella inicial”.

Por el momento existen diligencias en curso, las cuales buscan despejar la gran duda del caso desde que comenzó: quiénes y por qué secuestraron y luego mataron al teniente (R) Ojeda.