Contralor aclara que suspensión de toma de razón de contratos del Estado con fundaciones es para “recabar más antecedentes”

Contralor Jorge Bermúdez. Foto: Mario Téllez / La Tercera

En el marco del caso Democracia Viva el contralor Jorge Bermúdez aseguró que “esta es una situación bastante más amplia que, evidentemente, lo que supone es que hay una manera de actuación que hay que, tal vez, regular de mejor manera”, añadió.


La mañana de este jueves, el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, ordenó paralizar la toma de razón de todos los contratos y convenios que signifiquen traspaso de dineros del Estado a fundaciones.

La instrucción se da luego que se destapara el caso Democracia Viva, situación que mantiene al Ministerio Público indagando supuestos delitos de fraude al Fisco y tráfico de influencia entre la fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta.

“Como es un hecho por todos conocido, hay un cuestionamiento a las transferencias que se están haciendo a fundaciones y corporaciones privadas por parte de algunos órganos públicos. Es decir, recursos públicos que se transfieren a entidades privadas”, señaló Bermúdez, en un punto de prensa.

Asimismo, explicó que la entidad tomó “la decisión de suspender la tramitación de aquellas que pasan por la Contraloría, mientras no podamos tener más antecedentes y tener claro lo que está ocurriendo con esos recursos y con la entidad que tienen esos convenios”.

En ese sentido, aclaró que “esto es respecto de aquellos actos que se tramitan en la Contraloría, aquello que no se tramita por la Contraloría no podemos ordenar esa suspensión”. “Nosotros no podemos controlar todas las transferencias, porque sencillamente no tenemos capacidad para hacerlo”, remarcó.

En esa línea, explicó que “cuando pasa algo por Contraloría para la toma de razón, lo que se hace es contrastar un acto administrativo -en este caso un convenio- con el ordenamiento jurídico. Si en ese contraste no hay ningún problema, la contraloría va a decir que no hay ningún problema y, por lo tanto, no necesariamente -en virtud de ese control- se va a descubrir un hecho que puede ser eventualmente de corrupción. No hay que generar una expectativa que después no se va a cumplir, porque estos son controles previos, esto no devela necesariamente hechos de corrupción”, añadió.

Fachada Contraloría General de la República. Foto: Mario Tellez / La Tercera.

Además, el contralor señaló que este procedimiento “no es inédito”, explicando que “muchas veces tomamos decisiones en el sentido de poder tomarnos un poco más de tiempo, porque acá hay un plazo legal”.

“Lo que se hizo acá es paralizar la tramitación, recabar más antecedentes que puedan existir y luego poder si corresponde, tomar razón”, aseveró.

Asimismo, señaló que la medida tomada “no es una cosa que tenga que ver con algo puntual” del caso democracia Viva, puesto que, según detalló, “el Estado todos los años transfiere miles de millones de pesos a corporaciones y fundaciones privadas”.

“Esta es una situación bastante más amplia que, evidentemente, lo que supone es que hay una manera de actuación que hay que, tal vez, regular de mejor manera”, añadió.

Respecto al tiempo de duración de la suspensión, el contralor no entregó una fecha estimada, pero señaló que están “analizando los antecedentes” y que aún no saben con qué se van a encontrar.

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