Contreras ante Fiscalía por convenio con Democracia Viva: “Tatiana Rojas me llama y me dice que Presidencia está al tanto de todo (antes que estalle el caso)”

La declaración del exseremi de Vivienda ante los investigadores se extendió por tres días. En suma, fueron más de 18 horas en las que desmenuzó su rol en la cuestionada repartición. Según él, todas las decisiones que tomó estaban visadas por las jefaturas, por lo que de haber irregularidades apunta a las mismas como responsables.


En diferentes oportunidades el exseremi de Vivienda de Antofagasta Carlos Contreras ha insistido en que Presidencia sabía del denominado caso Democracia Viva antes de que este estallara en los medios de comunicación.

Por cierto, lo recordó en medio de la declaración que prestó durante tres jornadas ante los investigadores que llevan la causa y que quedó plasmada en un documento de 35 carillas al cual La Tercera tuvo acceso. Ahí fue enfático en que entre el 5 y el 6 de junio de 2023, o sea 10 días antes de la publicación de TimeLine, la ahora exsubsecretaria lo llamó para informarle que La Moneda ya tenía los antecedentes.

Contreras declaró el 16 de enero, el 31 de ese mes y el 9 de febrero. En esta última jornada, el exseremi señaló que “durante mayo, desde nivel central ya sabían y tenían una conclusión a las denuncias del mail. Yo como político le voy tomando el pulso a la situación comunicacional y política y cuando veo la posibilidad de que haya acciones comunicacionales asociadas al mail, le aviso a la subsecretaria Tatiana Rojas, y es aquí cuando comienza el tema de los whatsapp con ella, primero pidiéndole conversar para explicarle mis aprensiones y comenzamos a recopilar y sintetizar lo realizado, porque eventualmente la subsecretaria podía dar explicaciones a terceros y había que llevar toda la información existente a minutas que respaldaran la información”.

Asimismo, enfatizó en que “entre el 5 y 6 de junio me llama por teléfono (Tatiana Rojas) y me dice que Presidencia ya está al tanto, que teníamos que consolidar un informe y luego sigue el diálogo y cambia la intensidad de los mensajes ya que estábamos trabajando con la información que se enviaría, no me explicita a quién se refería con el mensaje de ‘Presidencia ya esta al tanto, me están solicitando mayor información’”.

De acuerdo con su parecer, tal como lo manifestó en entrevista con este medio, la persona a la que Rojas se refería habría sido Miguel Crispi, jefe de asesores del Presidente Gabriel Boric.

Por lo mismo, apuntó: “No tengo certeza de por qué Miguel Crispi omite al Presidente y a la Cámara de Diputados que recibieron un informe, pero supongo que podría tener que ver con que habría un familiar involucrado, con un alto nivel de responsabilidad, su tía, Verónica Serrano, que firmó desde nivel central la transferencia de los fondos. Y también según mi opinión, porque él durante su gestión como subsecretario de Desarrollo Regional habría hecho gestiones con la fundación ProCultura, en coordinación con el gobernador Ricardo Díaz”.

Con todo, Contreras quiso despejar que una vez que se recepcionó la denuncia de la Asociación de Funcionarios, inmediatamente reportó antecedentes a Rojas. “Le respondo a la subsecretaria entre el 4 y 6 de mayo del 2023. Al principio le envío un borrador, por mail, debo haberme demorado 5 días en enviarle una respuesta formal. La respuesta fue realizada en conjunto por todos los jefes de los departamentos de la Seremía y la redacción principalmente la hizo Aleksandra Vrsalovic”.

¿Una auditoría generó la denuncia?

Según se desprende de la declaración del arquitecto, la citada denuncia que sirve de puntapié inicial para este caso tendría directa relación con una auditoría que él ordena realizar respecto del Programa de Asentamientos Precarios.

“Mi voluntad siempre fue robustecer los procedimientos, pero al comenzar los rumores de sumario a raíz que el auditor manifestaba la gravedad de los antecedentes, comienzan los funcionarios a alarmarse. El 14 de abril es entregada la auditoría y en su página 5 recomienda iniciar procesos sumariales”, aseveró.

Fue así como expresó que “dos semanas después, el 2 de mayo, la funcionaria de Asentamientos Precarios, Carla Olivares, que coincidentemente es la presidenta de la Asociación de Funcionarios del Serviu, tras 5 meses de procesos y trabajo coordinado con las fundaciones -ya que ella participaba en el equipo que lidiaba con su quehacer-, envía un mail a la subsecretaria con un listado de aprensiones diversas en respuesta a los sumarios que se veían venir”.

Esgrimió, en el mismo tono, que al interior de la Seremi trascendió que el mencionado correo lo envió sin el conocimiento ni aprobación de las bases.

Los vistos buenos

La defensa que ha desplegado Carlos Contreras en este caso se ha centrado, entre otros elementos, en exponer que todas las determinaciones que él tomó fueron antes revisadas por otros estamentos.

Así, por ejemplo, expuso que “Yasna Contreras (jefa regional del Programa de Asentamientos Precarios) dio su visto bueno a todos los informes técnicos entregados por los profesionales posteriormente cuestionados por Contraloría”.

Insistió, en que él no participó “de las acciones ni cuantía ni en qué territorio se debían realizar los convenios, esto fue realizado en febrero del 2022, antes de mi ingreso a la Seremía. Desde Nivel Central, Verónica Serrano (jefa nacional del Programa de Asentamientos Precarios) era quien debía analizar si era adecuada la cuantía de los montos en proporción a las labores; es decir, ella dio visto bueno a la fragmentación que posteriormente fue cuestionada por Contraloría”.

De la misma forma, justificó la contratación de funcionarios con cargo a los convenios. Recalcó que él no los eligió, que las jefaturas no cuestionaron el mecanismo y que nunca se involucró en los pagos que estos recibían.

Relación con los coimputados

En medio de su declaración, Contreras aborda su relación con Daniel Andrade, exrepresentante legal y fundador de Democracia Viva. Aseguró, de esta forma, que en un inicio él no sabía que el también exmilitante de RD era quien presidia dicha ONG.

“A Daniel Andrade lo conocí el 2020, cuando yo fui parte de la directiva regional y él de la directiva nacional. En el año 2021 fui parte de la directiva nacional del partido y él fue candidato constituyente, también me tocó lidiar con él así como con todos los candidatos a lo largo de Chile. Mi relación con él siempre fue de camaradería dentro de lo formal e informal”, sostuvo.

Y complementó: “Yo sabía que Daniel Andrade era parte de Democracia Viva, ignoraba que era su director hasta con posterioridad de su derivación al Serviu. Contacté a la fundación a través de Daniel Andrade, incluso le pregunté con quién debía hablar para contactarlos con las personas encargadas del Minvu y que evaluaran su potencial colaboración”.

Según manifestó, previo a los convenios mantuvieron conversaciones escasas y durante la firma de los mismos, remarcó, eso se acrecentó. Cuando hablaban, de acuerdo con lo expuesto por Contreras, era para abordar asuntos generales.

Respecto de Catalina Pérez, aseguró que la conoció en 2017 y que desde el partido se le solicitó sumarse a su campaña como encargado de programa.

“Trabajamos en conjunto, yo trabajaba en el contenido que ella después propondría. Me solicitó que trabajara con ella su jefe de campaña. Una vez que ella fue elegida, no me integré a su equipo en ese momento, pero en el 2020 me busca profesionalmente ya que tengo más experiencia que muchos del partido y me ofreció ser su asesor parlamentario durante 1 año. Mi trabajo consistió en reunirme con organizaciones durante su ausencia, relevar algunos temas”, complementó.

Puntualizó, de la misma forma, en que él era de exclusiva confianza de la diputada, “aunque no tenía injerencia en sus aspectos legislativos, más bien tenía confianza en mis capacidades”. Una vez que estalló el caso, dijo no recordar si conversaron telefónicamente, a través de WhatsApp o en una reunión virtual.

Y en cuanto a su vínculo con Paz Fuica, Contreras hizo presente que se conocieron cuando ella comienza a trabajar en el equipo parlamentario de la diputada Pérez, en 2019. “Su función en la Seremi, cuando yo era seremi, consistía en apoyar al área de campamento del departamento de Planes y Programas, bajo la coordinación de Alfonso Legundas, quien era el jefe del departamento de dicho programa”, acotó.

Según expresó, la relación laboral que mantenían “no era directa”. Hablaban, de acuerdo con lo que expuso, cuando Fuica debía darle “algún tipo de información respecto a los procesos (...) Ella por estar supeditada a Alfonso Legundas, no tenía un trato directo conmigo, ella no podía tomar determinaciones ni transmitirla de manera formal ni ser canal oficial de información de determinaciones tomadas en la Seremi ni en Serviu”.

Por eso, aclara que cuando Fuica envía un mail señalando que ya se habían definido las fundaciones, el mensaje decía relación a determinaciones tomadas por el equipo de Asentamientos Precarios.

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