Estallido social: las recriminaciones cruzadas entre la Fiscalía y el gobierno por la persecución de delitos

jorge Abbott

El fiscal nacional, Jorge Abbott. Foto: Aton

Desde el pasado domingo, ministros de Estado y miembros del Ministerio Público han realizado críticas públicas a las labores del otro. Estas son las principales frases que han marcado esta semana.


Aunque las palabras cruzadas entre la Fiscalía y el oficialismo han sido relativamente comunes en los últimos meses, lo cierto es que durante el último tiempo se han intensificado.

Desde el estallido social del pasado 18 de octubre los hechos vandálicos han aumentado, lo que ha significado un mayor despliegue de las policías, una mayor fiscalización en el reguardo del orden público por parte del gobierno y una mayor tramitación de causas por parte del sistema de justicia.

No obstante, entre estos actores ha habido acusaciones que han aumentado durante los últimos días. La polémica partió a causa de un caso ocurrido en Conchalí. En dicha comuna fue saqueado un supermercado el pasado 21 de octubre y por ese robo, fueron detenidas 26 personas.

Respecto a esta causa, el pasado 25 de noviembre se ingresó una solicitud para fijar una audiencia de salida alternativa para los 26 imputados, y dicha petición se realizó por parte del fiscal Ulises Berríos, de la Fiscalía Centro Norte.

Fue el último hecho en particular el que desencadenó las críticas desde el círculo cercano al Ministerio del Interior. En una nota publicada el día domingo por El Mercurio, los abogados penalistas convocados por el gobierno para querellarse por delitos de incendio y Ley de Seguridad del Estado se refirieron a este caso.

Samuel Donoso señaló que "es francamente insólito y un abandono de deberes grave en los momentos que atraviesa el país". Por su parte, Jorge Bofill afirmó que "aquí no solo hay un problema de incumplimiento de deberes de los fiscales que instan por estas suspensiones condicionales, sino que acá no existe una política de persecución penal (...) aquí hay una ausencia de una política criminal del Ministerio Público, que más bien toma estos casos como si fuera una situación relativamente trivial y lo lleva a una salida, que es una salida que es reconocidamente blanca".

La respuesta no tardó. El día lunes, en entrevista con T13 Radio, el fiscal nacional, Jorge Abbott, reaccionó a estos dichos.

"Lo que me llama la atención es que nuestros críticos son quienes han sido abogados de empresas, instituciones o personas que han accedido a suspensiones condicionales por hechos que han sido particularmente graves también, por ejemplo en el caso Penta, en el caso SQM, en el caso del senador Iván Moreira", disparó el persecutor.

Y añadió que ""llama la atención que en este caso se haga presente una severidad que no tuvieron respecto de quienes ellos representaron en algún minuto".

El día martes, el propio Bofill le respondió: "El fiscal olvida que en el caso Penta y SQM, las pocas veces que se ha llegado a una decisión de la Corte Suprema respecto del tema del financiamiento de la política y de las boletas ideológicamente falsas, la Corte ha dicho que no hay un delito".

"No creo que sea comparable la situación de alguien que es formalizado y lleva cinco años perseguido y se investiga hasta el final, con la decisión que estamos criticando ahora. Estamos comparando peras con manzanas", sostuvo el querellante del gobierno.

El día siguiente, nuevos actores entraron en la discusión. Uno de ellos fue el parlamentario aludido por Abbott: Iván Moreira. A través de su cuenta de Twitter, el senador afirmó que el fiscal nacional "ha tenido incapacidad para afrontar esta crisis al no impedir que los violentistas y saqueadores vayan a la cárcel. No podemos tener un fiscal sentado detrás del escritorio".

https://twitter.com/ivanmoreirab/status/1201919098973806594

Ese mismo día, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, reiteró las observaciones por parte del gobierno a la labor de la Fiscalía: "Muchas veces el Ministerio Público no nos acompaña y básicamente quedan rápidamente en libertad, ni siquiera van a los controles, quedan apercibidos al Artículo 26 (citados), pero el objetivo nuestro es volver a insistir, mejorar las pruebas, aumentar la cantidad de información que hay para ponerla en manos de la fiscalía, a fin de lograr su detención".

Durante la mañana de ayer miércoles siguieron las réplicas. Esta vez, quien se refirió a este tema fue el fiscal regional de la zona Oriente, Manuel Guerra. En conversación con Radio Pauta afirmó que "aquí se hacen muchas gárgaras con la Ley de Seguridad del Estado. Nosotros, en los principales hechos, los más graves, desde el día 18 al 21, yo le puedo decir certeramente que en la Fiscalía Oriente no vimos a ningún abogado del Ministerio del Interior presente en una audiencia de control de detención en el momento en que correspondía hacer valer la Ley de Seguridad del Estado".

Añadió que "fueron muchos controles de detención en todo Santiago, y si alguien brilló por su ausencia fueron los abogados del Ministerio del Interior. Me parece impresentable que el día de hoy se sindique al Ministerio Público como el responsable de la baja intensidad de las medidas cautelares, y los abogados no estuvieron presentes cuando debían estar".

Algunas horas después, la ministra vocera de gobierno, Karla Rubilar, en entrevista con Cooperativa, señaló que "yo creo que la Fiscalía no tiene que defenderse, yo creo que la Fiscalía tiene que aprovechar esta oportunidad para ser una mejor Fiscalía después de 48 días".

También durante este miércoles, luego de la sesión extraordinaria de la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal, Abbott replicó a los dichos de Rubilar: "Pareciera que esa afirmación parte de la base que desde el Ministerio del Interior parecieran no haber leído las cifras que hemos entregado. Hemos pasado a Audiencia de Control de Detención a más de 30 mil personas, a formalización a 20 mil, hay dos mil personas en prisión preventiva, entre ellas 99 en internación provisoria".

"En consecuencia, la evaluación que se hace, y así lo he representado en la comisión, se hace a partir de la percepción ciudadana y no a partir de los datos objetivos que estamos entregando desde la instituciones públicas. Yo llamaría a la autoridad a actuar con mayor seriedad, a mirar las cifras y a respaldarse en instancias técnicas", remató el persecutor.

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