Inhabilitados para trabajar con menores de edad llega a 56 personas desde inicio de la ley

A un total de 56 personas asciende la cifra de personas inhabilitadas para trabajar con menores de edad, según el último reporte entregado hoy por la Superintendencia de Educación, que luego de realizar un cruce de datos de RUT con el Registro Civil, detectó a tres nuevos casos de sujetos que trabajaron en cinco establecimientos educacionales de las regiones Metropolitana, del Biobío y Los Lagos, pese a tener prohibición de hacerlo.

Los antecedentes fueron entregados por el superintendente de Educación, Alexis Ramírez, al fiscal nacional, Sabas Chahuán, para las acciones legales por eventual quebrantamiento de condena.

Desde 2013 a la fecha, la Superintencia de Educación ha detectado, incluyendo estos últimos tres casos, a 56 personas inhabilitadas desempeñando labores dentro del sistema escolar (48 en 2013 y 8 en 2014). De ellos, 13 son docentes, 18 asistentes de la educación, 17 transportistas escolares, 7 profesionales (médicos, fonoaudiólogos, psicopedagogos y psicólogos), y un integrante de una asistencia técnica educativa.

REGISTRO DE INHABILITADOS
La Ley 20.594, que inhabilita a los condenados por delitos sexuales contra menores a trabajar en establecimientos educacionales, entró en vigencia el 19 de junio de 2012, y el 10 de octubre de ese mismo año empezó a operar el Registro de Inhabilitados, el que debe ser consultado obligatoriamente por los recintos para la contratación de todo su personal.

Dentro de esas personas figura entre otros, el sacerdote John O'Reilly, quien fue condenado a cuatro años de libertad vigilada por el abuso sexual de una menor del colegio Cumbres.

La no revisión de los antecedentes constituye una infracción que puede terminar en amonestaciones y multas. Durante todo el periodo se han aplicado 7.743 UTM en multas, es decir, más de 330 millones de pesos, de los cuales 2.571 UTM corresponden a 2014 (111 millones de pesos).

Los establecimientos deben mantener una nómina actualizada anualmente que dé cuenta de la verificación de todos sus trabajadores o funcionarios en el Registro de Inhabiltados, la cual debe mantenerse a disposición de la Superintendencia de Educación.