Columna de Rodrigo Ugarte: 40 horas, ¿el cuco?

Cada vez que se presentan proyectos de ley que modifican materias estructurales del Código del Trabajo, se producen debates entre trabajadores que pretenden nuevos y mayores derechos laborales y empleadores agobiados de que provoquen rigideces y efectos irreversibles en competitividad. Estas miradas encontradas suelen despertar temores, que comienzan a deambular entre la opinión pública, como si del mismo “cuco” se tratara.

Quienes defienden el proyecto sostienen que Chile cuenta con una de las jornadas de trabajo más extensas del mundo, pero exhibe un bajo nivel de productividad; por tanto, reducirla aumentaría la productividad, sin impactar la economía. Sus detractores afirman –con bastante razón– que para tal efecto, se requeriría ser más productivos de manera previa a la reducción de jornada y no al revés.

El proyecto y sus indicaciones transitan por la dificultosa misión de conciliar la jornada de trabajo con el descanso, mejorando las condiciones de vida de los trabajadores. Pero, la importancia de la materia exige examinarlo desde la perspectiva de la productividad y el empleo.

Entre 2005 y 2006, la productividad en el país comenzó a caer sostenidamente –con algunas excepciones– incidiendo negativamente en el crecimiento del PIB. Coincidencia o no, la anterior reducción de la jornada laboral de 48 a 45 horas, entró en vigencia en 2005.

De aprobarse, el proyecto implicará costos para las empresas, ya que la jornada semanal se reducirá en un 12%, lo que obligaría a contratar nuevos trabajadores para cubrir los ciclos productivos o bien, reducirlos o automatizar parte de éstos.

La pregunta relevante es si en el mediano y largo plazo, la competitividad de las empresas se verá afectada por estos mayores costos, a los que se suman otros, como los asociados a la reforma previsional.

Será condición sine qua non que a la prudente gradualidad que contempla el proyecto se le incorporen grados de flexibilidad, de forma tal de dinamizar la nueva jornada de trabajo, evitando impactos mayores al mercado laboral.

En ese sentido, parece necesario modificar la regla de distribución semanal de la jornada en un nuevo mínimo de cuatro días. Esto permitiría concentrarla hasta en diez horas diarias, en vez de las ocho que permite el proyecto, incidiendo en eficiencias productivas y ahorrando en tiempos de desplazamiento de los trabajadores, quienes podrían contar con más días de descanso semanal.

Al mismo tiempo, no solo debiera mantenerse aquella regla del proyecto que permite promediar la jornada semanal en períodos bimensuales o trimestrales; sino que, derechamente, aumentar el período de referencia a cuatrimestres o semestres y transformarla en la nueva regla general, dotando de flexibilidad al mercado laboral.

Si se dinamizaran –y no rigidizaran– las 40 horas permitiría que la promoción de esta política pública, por una parte mejore la calidad de vida de los trabajadores y, por otra, reduzca efectos indeseados en el mercado laboral y la competitividad del país.

Por Rodrigo Ugarte, socio de Aninat Abogados