Cordero y quejas de empresarios por delitos económicos descartadas por el TC: “Solo implicó costos reputacionales para ellos”

El ministro de Justicia, Luis Cordero, se refiere a la extensión de la vigencia de cédulas de identidad para poder sufragar el próximo 7 de mayo.

El ministro de Justicia abordó la determinación del Tribunal Constitucional, que resolvió que no hay normas que contravinieran la Constitución respecto del proyecto de ley que sistematiza los delitos económicos y medioambientales.


El pleno de ministros del Tribunal Constitucional (TC) determinó este martes, luego de la revisión y análisis del proyecto de ley que sistematiza y penaliza los delitos económicos y medioambientales, que no hay normas inconstitucionales.

En este sentido, la unanimidad de los ministros del pleno del TC declararon constitucional el proyecto de ley que combate los delitos económicos, y que ha provocado la molestia de los grupos y gremios empresariales.

El Tribunal Constitucional no consideró el “téngase presente” ingresado por la Confederación de la Producción (CPC) -y respaldado por la Sofofa-, en el que el empresariado advertía sobre preceptos contenidos en la propuesta que vulneraban la normativa vigente.

El ministro de Justicia, Luis Cordero, se refirió a la decisión del TC en esta materia, que finalmente descartó las quejas de los empresarios, que habían apelado a que se contravenía la Carta Fundamental.

“Esta es la reforma más importante al Código Penal desde que se dictó, que contó con una asesoría especializada de primer nivel, y en la que fueron escuchados todos los interesados, agencias públicas, el sector privado, y a mí me parece, que esta es una decisión que le corresponde evaluar tanto a la CPC como a SOFOFA, que su presentación solo implicó costos reputacionales para ellos”, dijo el secretario de Estado sobre la fallida arremetida empresarial, en entrevista con Radio Universo.

“La verdad me vi muy sorprendido con su presentación, porque tengo la sensación de que ellos se dieron cuenta de que al final, el proyecto salió, y probablemente los tomó sin las proyecciones de tramitación que ellos habían estimado”, apuntó.

“Creo que el principal costo lo ha asumido el sector privado, y yo lo lamento, porque me parece que, en proyectos de esta envergadura, principalmente pensados para impedir que se utilicen conductas ilícitas para afectar la competencia en el mercado, me parecía que el sector privado tenía buenas razones para promover una legislación mucho más estricta para quienes infringen la ley y por esa vía infringen las reglas elementales de la participación en el mercado”, recalcó el ministro.

El ministro de Justicia, Luis Cordero.

Cordero afirmó que desde el gobierno había dos preocupaciones centrales respecto al proceso y principalmente con las objeciones.

“La primera tenía que ver con utilizar el control preventivo para hacer presentaciones de objeción al contenido del proyecto de ley, esencialmente porque el control preventivo es un trámite que realiza el TC, respecto de los cuales no es un medio de impugnación, sino que es una competencia bien acotada del tribunal”, dijo.

Y agregó que “en el pasado se abusó bastante del control preventivo y por eso se hizo habitual las presentaciones de ‘téngase presente’, como esto en el fondo, por lo tanto, desde el punto de vista técnico, la presentación formulada era jurídicamente improcedente, aunque en el pasado se hubiese utilizado”.

El jefe de la cartera de Justicia señaló que, en segundo término, “la principal preocupación que en particular yo tenía, era que la discusión del proyecto de ley tomó cuatro años en el Congreso, fue un debate muy documentado”.

El secretario de Estado ya se había referido en entrevista con Radio Pauta a la crítica de la Sofofa a la ley de delitos económicos, en la que la gremial afirmó que podría tener impactos significativos en la actividad empresarial.

Al respecto, Cordero indicó que más que una crítica, esto se ha transformado en un mantra por parte del sector privado.

“No conozco ninguna reforma significativa que tenga impacto en los mercados, ni la ambiental, ni la laboral, ni la de consumidores, que no termine con la frase que planteó en su declaración pública la Sofofa el día de ayer: va a tener un impacto significativo en la actividad económica. Esto ya no es una crítica, me parece que el sector privado tiene sobre esto un mantra. Creo que cualquier persona tiene el legítimo derecho de hacer presentación donde corresponda. El lugar donde estos debates se produjeron fue en el Congreso”, sostuvo el secretario de Estado en Radio Pauta.

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