Diputados UDI advierten que rebajarán a $1 el presupuesto para Presidencia tras nueva ausencia de Crispi a comisión por lío de platas

Rebajar el presupuesto a $1. Esa fue la advertencia que, a través de una misiva, hicieron llegar diputados UDI al Presidente Gabriel Boric tras una nueva inasistencia del jefe de asesores del Segundo Piso y exdiputado, Miguel Crispi (RD), a la comisión que investiga las responsabilidades políticas en los líos de platas entre reparticiones del Estado y fundaciones como Democracia Viva.

En el escrito, los legisladores de oposición califican las excusas entregadas por Crispi y el Ejecutivo como una “afrenta” y “actitud ofensiva” hacia el Congreso Nacional.

“En el marco de la tramitación de la Ley de Presupuesto 2024 presentaremos una indicación para rebajar a $1 peso la partida correspondiente a la Presidencia de la República -de la cual depende el señor Crispi-, respondiendo así a la afrenta y a la actitud ofensiva de su gobierno con el Congreso Nacional”, advierten los diputados.

En la misiva, además, señalan que la inasistencia de Crispi “constituye una señal equívoca y confusa que involucra a toda la administración de Gobierno, puesto que dicha ‘estrategia’ estuvo avalada -lamentablemente- por el propio ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Luis Cordero”.

La decisión de los diputados se enmarca en una serie de acciones que ha iniciado el gremialismo tras la decisión del jefe de asesores de restarse de participar de la instancia legislativa.

En esa línea, este viernes diputados del partido Guillermo Ramírez, Juan Manuel Fuenzalida y Felipe Donoso, presentaron un requerimiento a Contraloría en el que solicitan al ente dirigido por Jorge Bermúdez que, además de pronunciarse sobre si Crispi posee o no la calidad de empleado fiscal, determine el tipo de financiamiento del abogado Luis Hermosilla, quien asumió la representación legal del jefe de asesores en el marco de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público por los cuestionados convenios entre fundaciones y reparticiones del Estado.

“En el evento que el ente contralor determine que el señor Miguel Crispi no ostenta la calidad de funcionario público, solicitamos tenga a bien pronunciarse sobre el financiamiento de la defensa legal de dicho servidor, que asumirá el abogado Luis Hermosilla”, reza el escrito ingresado por la UDI.

En la mañana, además, el presidente de la UDI, Javier Macaya, había también cuestionado duramente a Crispi, asegurando que éste “no ha tenido respeto por la facultad fiscalizadora de la Cámara de Diputados”.

La nueva ausencia de Crispi caldeó los ánimos entre los diputados de la comisión por los líos de platas, quienes el jueves aprobaron -por seis votos a favor y tres en contra- oficiar a la Contraloría para que se pronuncie si a Crispi, quien hoy está contratado a honorarios, se le aplican las obligaciones de un funcionario público, excusa que esgrimió para no comparecer la primera vez ante la comisión.

Lo sorpresivo es que el oficio fue respaldado por dos legisladores oficialistas, Raúl Soto (PPD) y Marcos Ilabaca (PS), quienes cuestionaron la decisión del jefe de asesores de no apersonarse ante la instancia fiscalizadora.

“Lo que ha hecho el señor Crispi es una falta de respeto para este poder del Estado, es una falta de respeto para la labor fiscalizadora que tenemos en la Cámara de Diputados, habiendo sido además el señor Crispi diputado y conociendo esta facultad fiscalizadora. Por lo tanto, más allá de la discusión jurídica que va a ser zanjada por la Contraloría, respecto de si es funcionario público o no, tenía el deber ético, el deber político de dar la cara”, cuestionó Soto.

Ilabaca fue más allá. “Es impresentable que cualquier funcionario de gobierno evada la acción fiscalizadora de la Cámara de Diputados. Mi tema es con esa situación, no podemos admitir que funcionarios públicos que cumplen un rol público no asistan a una citación de la Cámara”, indicó.

A los reproches, que antes se limitaban a personeros de oposición, se sumó también sorpresivamente la diputada Marcela Bulnes (independiente Frente Amplio), quien precisó que era partidaria de la total transparencia en este tema.

A pesar de que el suyo fue uno de los votos disidentes que no apoyaron el envío del oficio a la Contraloría, explicó que su reparo era de forma, pues creía que Crispi en realidad no tiene las mismas obligaciones de un funcionario público. “Es imprudente que el señor Crispi no haya venido, pero no creo que tenga la calidad de funcionario público que lo obligaba a asistir, porque hay dictámenes de Contraloría que dicen que las personas que trabajan honorarios para el Estado no tienen la calidad de funcionarios públicos”, dijo Bulnes.