Los cuestionamientos al cambio al reglamento de la Convención Constitucional que impediría a la derecha presentar nuevas indicaciones

52 convencionales de colectivos de izquierda y centroizquierda presentaron anoche una solicitud de cambios en el reglamento de la Convención, que en la práctica impediría a la derecha la presentación de indicaciones.

Los promotores argumentaron que se trata de una medida que busca impedir que la derecha dilate artificialmente el debate en los plenos. La idea surgió después de que hace una semana la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros (Movimientos Sociales) tuviera que suspender el pleno de votación de DD.FF debido al alto número de indicaciones. Finalmente, se votó en dos días, y, entre su etapa de deliberación y votaciones, tomó casi 17 horas.

En esa instancia, fueron múltiples las críticas a la derecha. Por ejemplo, la convencional Jennifer Mella (Frente Amplio) sostuvo: “La derecha continúa con sus prácticas filibusteras en la Convención. Reponen indicaciones subsidiarias que fueron ampliamente rechazadas en la comisión y que no corresponden en esta etapa solo con el objetivo de alargar y entorpecer este proceso”.

La propuesta establece que existen “mecanismo de retraso” que logran “entorpecer o ralentizar el proceso”. En concreto, se refieren al artículo 95 del reglamento, el que permite renovar indicaciones con 16 patrocinios. “Dicha cantidad de patrocinios resulta muy baja en relación al quórum necesario para la aprobación de una norma -103 votos-”, se argumenta en la propuesta.

Desde la mesa directiva ven con buenos ojos la idea de limitar la presentación de indicaciones. Creen que lograría hacer “más eficiente” la votación”. Además, la justifican porque, en términos de procesos, de todas las indicaciones revividas, menos del 1% se ha aprobado. Por eso, cuestionan que con solo 16 firmas se renueve una norma que requiere de 103 votos para quedar consagrada en el borrador de nueva Constitución.

El “veto a la derecha”

Durante las primeras horas de la mañana, algunos de los convencionales de la derecha manifestaron a través de redes sociales su desacuerdo con la propuesta, y acusaron una intención de “censurar” y “vetar” por parte de los firmantes.

Marcela Cubillos (Un Chile Unido), por ejemplo, afirmó: “Quieren que se someta a votación solo lo que ellos están dispuestos a aprobar. Porque el resto ‘dilata’”, en referencia a las acusaciones de “entorpecer” el ritmo de las votaciones que hacen desde la izquierda.

El convencional UDI Arturo Zúñiga acusó que “se pretende poner un bozal a la centro derecha, estableciendo exigencias antidemócratas, que nos impiden presentar nuevas indicaciones. No quieren que se sepa cómo se vota en la libertad de culto, educación y propiedad de ahorros para la vejez. Con esto se sepulta la idea de lograr grandes acuerdos para construir la casa de todos”.

Frente a la acusación de que la derecha busca dilatar el proceso, la convencional Rocío Cantuarias (Chile Libre) argumentó: “No dilatamos, hacemos nuestro trabajo, es decir, intentar mejorar normas que perjudicarán a los chilenos (...) Muy mañoso y básico el argumento de la izquierda para vetar nuestras propuestas”.

Pero las críticas no solo provienen de la derecha. Desde los propios firmantes de la propuesta hubo críticas a algunos de sus artículos. Uno de ellos, el convencional Andrés Cruz (Colectivo Socialista), explicó que las firmas responden a un “apoyo general de modificación de reglamento para hacer más expedito trabajo”. Sin embargo, advirtió que los artículos 5 y 7 le “parecen problemáticos”.

Cruz explicó: “Complican a ciertos sectores para promover indicaciones sin depender de otras fuerzas políticas, lo que atendida la posición de la derecha, hace poco probable que alcancen esos quórums”. Por lo mismo, y para explicar su firma en el documento, el convencional justificó que el compromiso era “apoyar con firmas para darle curso a reforma sin comprometer voto para todas las propuestas”. Por tal razón, artículos como el 5 y 7 podrían caerse cuando se sometan a votación en el pleno.

En esta línea, Julio Álvarez (Colectivo Socialista), otro de los firmantes, afirmó: “Lo estamos evaluando sobre esa base. Si implica impedir el derecho de algún grupo o ponerle obstáculo, lo votaré en contra. Nuestra firma fue solo para darle curso”. Además de ellos, dentro del colectivo afirman que aún se están conversando posturas, pero reafirman que el artículo 7 genera ruido.

El convencional Maximiliano Hurtado sugiere que las indicaciones renovadas en el pleno no se están aprobando, por lo que defiende que la reforma “viene a solucionar este inconveniente y busca hacer efectiva la existencia de indicaciones”. “Esperamos que esta y otras reformas nos permitan no tener que rechazar y volver a la comisión una norma para corregirla, y que ojalá estas mejoras puedan ocurrir en la primera votación, optimizando tiempos”, sostuvo Hurtado.

En este sentido, Elisa Giustinianovich (Movimientos Sociales) argumentó que esta propuesta “es una aplicación del principio de eficiencia de nuestro Reglamento General, en el sentido de hacer un mandato de adecuar la deliberación constitucional para un trabajo más fluido y acorde con el cronograma”.

Su par, Bastián Labbé (Movimientos Sociales) enfatizó: “En vista del tiempo de trabajo que nos queda, lograr indicaciones con un tercio de los constituyentes permitirá que tengan mayor éxito en el pleno, hasta ahora llevamos decenas de horas votando indicaciones en el pleno, y de todas ellas solo dos se han aprobado, eso nos dice que es una urgencia y necesidad esta reforma”.

Desde el Frente Amplio, en tanto, sostienen que “no alcanzaron a concurrir al acuerdo” y que, hasta el momento, no han revisado la propuesta. Adelantan que lo harán y que evaluarán apoyo. Desde el Colectivo del Apruebo y la Coordinadora Plurinacional tampoco suscribieron a la propuesta.

Desde la mesa directiva informan que esta propuesta debería votarse en el pleno el próximo lunes, antes de dar inicio a la deliberación sobre el informe de reemplazo de la comisión de Sistema Político, instancia en que necesitará de dos tercios de los votos para ser aprobada.