Diputados discuten Reglas de Uso de la Fuerza: norma que da atribuciones a justicia militar acalora el debate

Pasadas las 16.00 horas de este viernes, la Sala de la Cámara de Diputados inició una sesión especial para votar el proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), además de la iniciativa que crea el nuevo Ministerio de Seguridad.

Esto, luego que la tarde del martes hubo un acuerdo de los partidos de distintos sectores políticos de la Corporación, tanto de oficialismo como de oposición, para destrabar la agenda de seguridad.

En el caso de las normas generales sobre el uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas, fue votar las indicaciones hasta total despacho la jornada de este jueves, pese a que en las sesiones anteriores el Frente Amplio se había mostrado reticente a un avance exprés de esa ley.

La oposición, en tanto, se comprometió a avanzar en la tramitación del proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública. Para este fin, se citó a las comisiones de Seguridad Ciudadana y de Hacienda este viernes. Sin embargo, en la jornada de hoy esta última puso en suspenso enviar el proyecto a Sala.

Las Reglas de Uso de la Fuerza llegaron esta tarde a Sala en medio controversias. Esto, luego que ayer, en el tramo final de la tramitación en las comisiones unidas de Constitución y Seguridad Ciudadana se incluyó y aprobó una norma que entrega atribuciones a la justicia militar.

Se trata de una indicación presentada por los diputados Andrés Jouannet (Amarillos), los RN Ximena Ossandón, Camila Flores, Andrés Longton y Diego Schalper, los gremialistas Jorge Alessandri y Henry Leal, además de la independiente Gloria Naveillan. Ésta se aprobó por 14 votos a favor y 12 en contra.

La norma sostiene que “durante la vigencia de los estados de excepción constitucional, la protección de la infraestructura crítica, el resguardo de áreas de zonas fronterizas y el resguardo del orden público en relación a los actos electorales y plebiscitarios a que se refiere la Constitución Política de la República, los delitos imputados a militares en actos de servicio militar, en cumplimiento de sus labores o con ocasión de ellas, serán siempre conocidos por los tribunales señalados en el artículo primero del Código de Justicia Militar. En ningún caso o circunstancia los civiles que hayan intervenidos en esos hechos podrán ser juzgados por los tribunales militares”.

Asimismo, agrega que para los efectos de esta ley se considerarán militares los funcionarios pertenecientes a las Fuerzas Armadas y de Carabineros.

Así las cosas, durante el inicio del debate las intervenciones, tanto de oficialismo como de oposición, se centraron en la normativa relativa a la justicia castrense.

La diputada Camila Flores (RN), sostuvo que “nosotros estamos defendiendo en este proyecto con tanta fuerza incluso que puedan ser juzgados por la justicia militar, donde haya personas que realmente tengan la expertise, y sepan y conozcan de la actuación de nuestros uniformados. Todos piden militares a la calle, quieren que salgan a actuar, pero sin reglas, sin protección”.

Desde la misma colectividad, el parlamentario Diego Schalper planteó que “cuando pensamos en la justicia militar, pensamos en la exención de responsabilidad, pensamos en las presunciones, como lo hemos hecho la Ley Naín-Retamal, lo que estamos haciendo es pensar en las garantías que ellos necesitan para poder hacer su trabajo”, y agregó que “acá de lo que se trata es cómo hacemos que los militares, si les vamos a pedir hacer una función que no les es propia, cuenten con las garantías necesarias que necesitan. Y una de esas, precisamente, son los tribunales especializados”.

Desde la UDI, el legislador Gustavo Benavente expresó: “Creemos que el proyecto tiene buenas normas, pero estas no significan nada si no se apoyan en dos requisitos fundamentales. Primero, que el gobierno demuestre de una vez por todas que el gobierno no es un gobierno de la fuerza, que tiene la efectiva y real convicción de darle seguridad a los chilenos y combatir con todas las herramientas que tiene a su alcance el crimen organizado y el terrorismo. Y en segundo lugar, se debe mantener la competencia de los tribunales militares con el objeto de empoderar a nuestras Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile”.

Desde la otra vereda, la diputada Camila Rojas (Comunes), dijo que “este proyecto de ley proponía en sus inicios un marco en que la fuerza se usa como último recurso, asegurando que todas las intervenciones con uso de la fuerza sean proporcionales, sean justas, siempre dentro de un marco de derechos humanos (...) pero actualmente está lejos de ser el proyecto que se inició y que presentó el gobierno”, por la “restitución de las competencias de los tribunales militares, ampliación de los eximentes de responsabilidad, eliminación del principio de proporcionalidad, rechazo del principio sobre prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y rechazo del debate para evitar apuntar con armamento menos letal directo al rostro, a la cabeza o al torso”.

La parlamentaria Alejandra Placencia (PC), en tanto, enfatizó que “después de cuatro días escuchando frases para la galería y puntos políticos, ha llegado la hora de poner paños fríos en esta discusión”, y apuntó que “aprobaremos las indicaciones que el Ejecutivo tiene que reponer, normas tan básicas como el principio de proporcionalidad, prohibición de tortura, de disparar armas no letales al rostro o a la cabeza, y, por cierto, eliminar de esta normativa las competencias de la justicia militar, en juicio en el que se vean afectados civiles”.

En la Sala estaba presente la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien también intervino en el debate.

“Vamos a reponer indicaciones para que se vuelva al texto original en cosas básicas como que haya responsabilidad por acción u omisión, como que haya principio de proporcionalidad, como que se regule las armas letales, como que no haya tribunales militares de vuelta y especialmente si alguien quiere proponer una materia de ese tipo que lo haga en un proyecto especial, no en este que tiene otras ideas matrices”, dijo.

Y luego agregó: “Este es un proyecto de ley sustantiva, no de normas de competencia de tribunales. Y queremos decir, así como dijimos en la comisión, que si eso llegara a aprobarse el Ejecutivo va a recurrir al Tribunal Constitucional porque está fuera de las ideas matrices, fuera del debate, fuera de lo que se consultó a los expertos, fuera de lo que se discutió hasta ayer a última hora, este tema nunca estuvo en la discusión”.