Por un lado, efectivos de fuerzas especiales de Carabineros. Por el otro, contingente antimotines de Gendarmería. Un portón separa a ambos grupos. A cuatro días del inicio del paro de la institución penitenciaria, el gobierno ordenó a la policía uniformada desbloquear el paso desde la Zona de Seguridad y Tránsito del Centro de Justicia de Santiago hacia en Centro de Detención Preventiva Santiago I.
En horas de la mañana, llegó el contingente de Carabineros para cumplir la orden. Oficiales ingresaron hasta Santiago Uno para dialogar con los gremios, y allí se acordó una especie de tregua que evitó una situación más tensa.
Para Marcos Aburto, vocero del Frente de Trabajadores Penitenciarios, "el gobierno ha querido poner frente a frente a instituciones hermanas. Por un desatino estuvimos a punto de generar un conflicto de categoría mayor".
Actualmente hay 82 personas bajo prisión preventiva que se mantienen en el subterráneo del Centro de Justicia, ya que no han podido ingresar al recinto penal, ante la negativa de los gendarmes de recibir nuevos internos. Sin embargo, esa cifra ira aumentando inevitablemente según transcurran los dos bloques de audiencias de control de detención de hoy. Este incremento derivará sí o sí en el colapso de las instalaciones que los tribunales han acondicionado como emergencia para la permanencia de los internos y ese escenario podría producirse hoy, dado que los 20 calabozos disponibles tienen una capacidad máxima de 100 personas. Producto de ello, es que la Defensoría Penal Pública (DPP) recurrió de amparo constitucional en favor de quienes se encuentran en esta situación.
Para Marco Palma, jefe de estudio de la DPP Sur, se está entregando información mínima a los familiares de los presos. "La resistencia de Gendarmería impide que haya un desplazamiento. Estamos en una situación compleja. Hay personas que podría haber recuperado su libertad, pero al no poder ir a sus audiencias esa situación no se ha permitido", dijo.
Se trata de dos zonas de tránsito pertenecientes a dos tribunales oral en lo penal. Cada uno de estos espacios cuenta con 10 celdas. Las más grandes tienen una superficie aproximada de seis metros cuadrados. En cada una de ellas, se han dispuesto seis personas. Hasta el momento son todos hombres. Sin mujeres ni menores. La llegada de estos últimos, inevitablemente significaría la adecuación de un nuevo espacio, al existir la obligación de ser ubicados en espacios separados.
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El aumento de los internos con el paso de los días ha ido restando espacio y condiciones. Incluso, ello ha mermado en el tipo de comida que se les entrega. De las raciones de alimentos de los primeros, los internos han pasado a recibir pan con jugo en las últimas horas. La Defensoría está a cargo de la alimentación, y según indican, sus recursos no permiten "grandes colaciones".
En cuanto a la higiene, por medidas de seguridad, se dispusieron cuatro baños para todos los presos. Allí existen algunas duchas que comparten. Además, se ha utilizado un patio interior para sacarlos, aunque sea una vez al día.
Estos espacios están cotidianamente bajo el resguardo de Gendarmería, no obstante, el paro ha obligado a que Carabineros se haga cargo. Los 70 oficiales gendarmes que en un comienzo realizaron turnos éticos, con el paso de los días fue disminuyendo ha menos de 10.
En tanto, en horas de la mañana, los presidentes de las cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel llegaron hasta el centro de justicia para verificar el estado de los presos. La máxima representante de la Corte de Apelaciones de Santiago, Dobra Lusic, señaló que "aún hay posibilidad de recibir más reos en el Centro de Justicia. Incluso si pasan mas días se podrían habilitar más lugares dentro del recinto. Los derechos de los reos están asegurados dentro de la excepcionalidad".
En medio de la presentación de amparos constitucionales de la Defensoría Penal Pública, hoy los jueces del Primer Juzgado de Garantía de Santiago, liderados por el magistrado Fernando Guzmán, decidieron revisar "de oficio" la prisión preventiva de dos imputados que esperaban audiencia desde hace 72 horas. Uno está investigado por robo y el otro por tráfico.
"Ante la imposibilidad de realizar audiencia los jueces revisaron los antecedentes y decidieron reemplazar su prisión preventiva por arresto domiciliario total, temiendo que con esta situación de encierro se estaban vulnerando los derechos de los privados de libertad, dándole un trato inhumano, degradante contrario a todos los convenios firmados por Chile.
La presidenta de la Agrupación de Magistradas de Chile (Machi), Francisca Zapata, explicó el porqué se llevó a cabo este procedimiento. "Los jueces toman decisiones que otros entes ejecutan. Si la ejecución no se ajusta a derecho e incluso en ella se vulneran derechos los jueces no pueden permanecer indiferentes, justamente por mandato legal y constitucional que les entrega el rol de asegurar los derechos de todos los intervinientes. Debe por tanto tomar las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho. Eso es lo que se ha hecho acá", sostuvo.La situación en el Centro de Justicia está siendo monitoreada por el Poder Judicial y se prevee que más jueces de garantía tomen medidas ante la situación de los imputados.
Entre las 00.00 y las 06.00 de hoy, llegó hasta Santiago Uno el subsecretario de Justicia, Juan José Ossa, para retomar el diálogo con los gremios. Pese a existir avances en ciertos puntos, como el aumento del bono de incentivo al retiro desde las 700 UF ofrecidas en un inicio a 870 UF, esto no es suficiente para los gendarme, quienes insisten en una redistribución de los uniformados de más bajo grado y la creación de una tercera planta con los funcionarios no uniformados.
