Hasta el Congreso llegó la Presidenta del Consejo de Defensa del Estado (CDE), María Eugenia Manaud, para dar cuenta de antecedentes en torno a la reducción artificial de pacientes de las listas de espera y la eventual comisión de delitos de fraude y negociación incompatible.
En la penúltima sesión investigadora de la Cámara de Diputados, se expuso sobre la situación del Complejo San José y el Hospital Regional de Rancagua.
"En el primero hay tres aristas que pueden tener carácter de delito; la connotación de una serie de médicos supuestamente especialistas (20), médicos recién recibidos, y se designó como jefe a uno con título de un año. Eran generacionalmente amigos o ex compañeros. Se supone que ellos eliminaron a 1.135 pacientes de la lista y por un pago de $ 870 millones", indicó Manaud.
Como segunda arista se señaló los operativos masivos de atención: "Eran sesiones maratónicas en que se llegaba al extremo de atender en razón de cuatro minutos por paciente y los días sábados y domingos, lo que es altamente sospechoso. Según Contraloría esas prestaciones significaron un gasto de $ 367 millones".
Además, apuntó a la firma "Metone", que prestó servicios de atención domiciliaria: "Se contrató a este asociado, con un contrato con IVA incluido de $ 69.200 por atención domiciliaria. En todo este sistema se gastaron $ 385 millones, se debían atender a 3.660 personas, de las cuales 2.042 prestaciones no se efectuaron".
A primera vista, señaló Manaud, "se ven delitos de fraude, irregularidades administrativas , eliminación de las listas sin los requerimientos necesarios para hacerlo y negociación incompatible". Sobre el último punto, explicó que se trata de la Sociedad Oyarzún y Oyarzún, en que un jefe médico de traumatología contrató la empresa de una cónyuge, que no es médico, para atención de materia traumatológica.