PARECE QUE en los próximos días la Presidenta de la República se dirigirá al país para poner en marcha el proceso constituyente. Al hacerlo, ella estará dando cumplimiento a uno de sus compromisos de campaña y estará respondiendo, además, a una demanda nacional que ha demostrado tener causas profundas. No estamos, entonces, ante una moda pasajera. Lo que ocurre, y conviene saber leerlo, es que existe un sector importante de la ciudadanía, especialmente los más jóvenes, que quiere ser parte de un proceso que defina un orden constitucional mejor.

Hoy me quiero detener a examinar el argumento de quienes, desde la derecha,  se oponen a la idea del cambio constitucional afirmando que el orden hoy vigente sería plena y suficientemente legítimo.

Lo primero que llama la atención es que en vez de apoyarse en el pensamiento de alguno de sus próceres (como Joaquín Lavín o Jovino Novoa), los defensores del status quo constitucional  no hallen nada mejor que recordar, una y otra vez, las palabras con que Ricardo Lagos celebraba en 2005 el acuerdo que sacó de la Constitución sus resabios autoritarios más obvios (triste se ve el futuro de un sector político que sólo encuentra argumentos de autoridad en sus contrincantes). Al traer a colación, con sonrisita maliciosa,  la cita en que Lagos se congratulaba, entonces, de haber logrado legitimar la Constitución, creen poder denunciar incoherencia en todos  quienes apoyamos, hace una década,  esa reforma y que hoy, sin embargo, promovemos una Nueva Constitución.

Se equivocan. Apoyar el buen acuerdo político de 2005 no significa renunciar al ideal de una Constitución con carácter más inclusivo. Y lo que ha venido ocurriendo en la última década es que más y más gente viene planteando estándares constitucionales más rigurosos.

Por eso, puede decirse, simultáneamente, y sin incurrir en contradicción lógica, que una misma Constitución que alcanzó en un momento dado la legitimidad de contenido y ejercicio necesarias para garantizar paz y estabilidad, puede empezar a manifestar problemas de legitimación suficiente de cara a nuevas y crecientes exigencias de la sociedad. De esta manera, ciertas exclusiones o desigualdades de la Constitución -como el hecho de que no reconoce debidamente ni a las regiones, ni a los pueblos indígenas ni a los trabajadores-, que en el Chile de 1995 o 2005, lamentablemente, sólo despertaban el reclamo de unos pocos, devienen, en el Chile de 2015, en carencias que suscitan rechazo masivo.

Cierro con una cita sobre legitimidad del jurista Ernesto Garzón Valdés: "Es obvio que la importancia de las diferencias accidentales entre los miembros de una comunidad política son relativas a los recursos económicos y culturales de la misma. La percepción de estas desigualdades varía según los tiempos y las sociedades. En este sentido, la legitimidad es también relativa a un determinado contexto histórico-espacial. Ello explica por qué, a medida que se expande el círculo de la ética (para utilizar la conocida expresión de Peter Singer) y/o aumenta la disponibilidad de recursos (económicos, técnicos o culturales), aumenta también la clase de desigualdades accidentales que deben ser superadas para que el sistema conserve su legitimidad".