Ministra Maisa Rojas prevé que a fin de año se podría someter a votación el proyecto Dominga

Ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas.

Esto luego de que el 18 de mayo pasado, la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Valentina Durán, enviara una serie de oficios a distintas reparticiones públicas para resolver las 26 reclamaciones que han presentado opositores al proyecto minero Dominga.


A mediados de mayo, desde el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) se enviaron ocho oficios a distintas reparticiones públicas para resolver 26 reclamaciones que han presentado diversos opositores al proyecto minero Dominga ante el Comité de Ministros.

Dichos oficios se enviaron luego de que el 18 de mayo pasado la Corte Suprema rechazara los recursos que presentaron opositores a la iniciativa. Con ello, el proyecto ubicado en La Higuera, Región de Coquimbo, queda a la espera del pronunciamiento del Comité, el cual está integrado por los ministros de Medio Ambiente, Salud, Economía, Agricultura, Energía y Minería.

Sobre aquello se refirió la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, en conversación con Emol TV. La secretaria de Estado, quien además es quien preside el Comité, aseguró que “el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) ya ha oficiado a las distintas reparticiones para que hagan los informes respondiendo a esas reclamaciones. Eso se demora un par de meses, después el SEA recoge toda esa información, se hace un consolidado, etc. Así que, de que se vea el caso de Dominga en el Comité de Ministros tenemos un par de meses todavía hacia fines de año”.

Al ser consultada por sus impresiones respecto a que nuevamente el proyecto se encuentre en dicha instancia, Rojas señaló que “tenemos una institucionalidad ambiental que lo permite, así que eso es lo que estamos haciendo cumplir”.

Finalmente, sobre si hechos como el proceso del proyecto Dominga pueden ser interpretados como una mala señal para el mundo privado respecto a la inversión, la secretaria de Estado aseguró que “lo que tenemos que ver es que necesitamos una institucionalidad ambiental que sea fuerte, que sea robusta y que les de garantías a todos, tanto a las comunidades, a la protección del medio ambiente como al de las inversiones. Y pensamos que una buena implementación del tratado de Escazú nos puede ayudar a eso”.

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