LUEGO de 14 meses de trabajo, este lunes se le entregó al Presidente Piñera la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), elaborada por una comisión donde me tocó participar junto a otros 27 integrantes. 

El objetivo de la PNDU era fijar una "carta de navegación" para ordenar el crecimiento de nuestras ciudades con una mirada de largo plazo, definiendo principios y metas que se ordenaron en cuatro grandes ejes.

El primero, y más relevante, es promover la integración social de los grupos más vulnerables, bajo el entendido de que ya no basta con erradicar campamentos o inaugurar nuevos conjuntos habitacionales.

La prioridad de los próximos años será recuperar barrios críticos, donde viven miles de familias en entornos segregados e inseguros. Ello implica aumentar sustantivamente los recursos para recuperar viviendas y espacios públicos, levantar áreas verdes y servicios. Además, se deben tomar medidas para evitar la aparición de futuros focos de segregación, reservando buenos terrenos para viviendas sociales y creando subsidios que promuevan el arriendo y la creación de barrios mixtos en ubicaciones centrales.

El segundo eje reconoce el rol de las ciudades como motores de innovación y desarrollo económico, y la necesidad de fortalecer esta vocación, promoviendo el acceso a la vivienda y la creación de empleo. El tercero se aboca al tema patrimonial, proponiendo instrumentos y regulaciones que ayuden a preservar barrios y edificios, evitando que se sigan deteriorando, como ha ocurrido en Valparaíso o Chiloé.

El cuarto eje busca promover modelos de crecimiento de bajo impacto ambiental, incorporando los estudios de riesgos naturales (sismos, inundaciones, derrumbes) para definir cómo y hacia dónde deben crecer las ciudades. También se destaca la urgente necesidad de mejorar el transporte y reducir los niveles de congestión que aquejan a Santiago, el Gran Concepción o Antofagasta.

Como vemos, la PNDU toca temas que afectan directamente la calidad de vida del 88% de los chilenos que vive en ciudades. Pese a ello, su discusión no fue prioritaria para varios actores claves. El Ministerio de Obras Públicas, que tiene un ambicioso plan de infraestructura urbana, nunca asistió a la comisión y el Ministerio de Transportes participó muy poco, y formuló su propia política en paralelo.

La política urbana tampoco fue tema para la mayoría de los comandos presidenciales, ya que cuando fue anunciada, estaban abocados a debatir sobre la conveniencia de realizar primarias parlamentarias o de formular sesudas reformas electorales.

Esta indiferencia es muy preocupante, ya que para concretar sus objetivos, la PNDU requiere cambios legales e institucionales que dependerán de esos actores. Los más urgentes son fortalecer los gobiernos regionales, fusionar ministerios que operan de forma descoordinada y crear instrumentos que permitan que la vivienda se planifique junto a los servicios y el transporte.

Esperemos que el problema urbano no termine resolviéndose en la calle. Desde luego, esto sería muy serio, ya que los afectados serían millones y sus demandas podrían tener un alcance insospechado. Ya es hora de que la clase política se dé cuenta de ello.