El pasado 5 de febrero -a través de la plataforma de videoconferencias Zoom-, el 7º Juzgado de Garantía de Santiago realizó una audiencia para revisar el sobreseimiento de Nicolás Monckeberg, actual embajador de Chile en Argentina, en la querella que presentó el hijo de la expresidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, por el delito de injurias. Eso, a partir de las declaraciones hechas por el exparlamentario en el marco del caso Caval.

La fiscalía planteó que los hechos que denuncia Dávalos no corresponde debatirlos en sede penal, sino que en la justicia civil, por medio de una acción privada. Sin embargo, en la audiencia el magistrado Cristián Sánchez desestimó la solicitud del Ministerio Público de sobreseer a Monckeberg, pues a su parecer no existen los antecedentes suficientes para apoyar la petición.

Se trata del segundo traspié de la fiscalía, luego de que en abril de 2019 solicitara la incompetencia del tribunal ante esta causa, asegurando que los delitos denunciados eran objeto de una acción penal privada y no propios de una querella. No obstante, en la oportunidad la magistrada Carla Capello rechazó la petición, declarando su competencia para conocer el caso.

En esta ocasión, el magistrado sostuvo que “el tribunal considera que no se encuentran suficientemente determinados a través de hechos ciertos que muevan a este juez a sostener que los mismos no son concurrentes. No tengo hechos que se hayan expuesto ahora y que den cuenta de que el sujeto activo desconocía cualquier circunstancia que no haga considerar que su expresión sea falsa y que le haya sido conocida”.

“No puedo sostener, entonces, que el querellado expuso una denuncia en base a un mero error no vencible o imposible de vencer y el tribunal tampoco observa antecedentes suficientes para poder sostener que acá no hubo una decisión ex ante tendiente a construir algún tipo de ardid en torno a los hechos que constan en la querella. De esa manera, por ahora no hay elementos para hacer lugar a la solicitud del Ministerio Público, por lo que el tribunal desestima por ahora la solicitud de sobreseimiento definitivo”, concluyó.

Esta acción tiene su origen a contar del 2 de enero de 2018, cuando la Corte de Apelaciones de Rancagua acogió la solicitud de sobreseimiento de Sebastián Dávalos, acusado por el Ministerio Público en el denominado caso Caval.

Tras ese hito, el primogénito de la exmandataria -nacido en Leipzig, Alemania- lanzó una cruzada legal contra un grupo de diputados de la oposición, quienes lo acusaron de “tráfico de influencias y uso de información privilegiada”, entre otros delitos, en medio de la investigación del caso que se originó en 2015. Felipe Ward (UDI), Marcela Sabat (RN), Pablo Terrazas (UDI), Diego Paulsen (RN) y Nicolás Monckeberg (RN) fueron algunos parlamentarios que cuestionaron a Dávalos y que este último denunció por injurias.

Contra ellos, el exdirector del Área Sociocultural de la Presidencia ejerció acciones legales, que en su gran mayoría no prosperaron ante el Ministerio Público. Posteriormente, el diputado Paulsen al enterarse de la acción de Dávalos escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente:

Sólo una querella en contra del actual embajador de Chile en Argentina ha seguido avanzando en tribunales, aunque su tramitación no ha estado exenta de dificultades. De hecho, la última actividad que registra la causa es la citación a declarar que solicitara el querellante, pero por la pandemia debió ser suspendida en marzo de 2020.

Para la fiscal Marcia Arancibia los hechos relatados por Dávalos en su querella no serían constitutivos de una denuncia calumniosa como lo establece el Artículo 211 del Código Penal. A su parecer, “la denuncia calumniosa es aquella que atenta contra la administración de justicia, mediante el cual se presenta ante las autoridades competentes: policía, tribunal de la República, hechos típicos que contrastados con la realidad resultan ser falsos. Sea falsedad del hecho en sí mismo, como la participación del imputado en ocultar circunstancias relativas a la publicidad del hecho. Lo anterior no se demuestra definitivamente con la sentencia absolutoria de sobreseimiento. La denuncia calumniosa no protege el honor del afectado, sino que la eficiente gestión de los recursos disponibles para la administración de justicia”, acotó la fiscal.

En medio de su exposición, la abogada señaló que no existen denuncias formales realizadas por el querellado ante autoridades competentes, sino que imputaciones ante medios de comunicación masivos.

Frente al relato del Ministerio Público, el abogado querellante y representante de Sebastián Dávalos, Carlos Fierro, respondió que “Nicolás Monckeberg durante todo este proceso estuvo señalando al señor Dávalos como aquel que había cometido uno de los ilícitos de corrupción por los cuales se formalizó a muchísimas personas involucradas en la causa Caval”.

El abogado añadió que “a propósito de las denuncias que profiere Nicolás Monckeberg en conjunto con otras autoridades de la época, Sebastián Dávalos Bachelet se ve envuelto en un proceso penal que se inicia en el año 2015 y fue investigado hasta el año 2018, fecha en la cual recién el 2 de enero se le sobreseyó total y definitivamente de todos esos hechos, que eventualmente se entendió que configuraban los ilícitos de uso de información privilegiada, cohecho, tráfico de influencia, entre otros”, añadió el abogado.

Por otro lado, cuestionó la afirmación de la fiscalía en cuanto a que no existiría una denuncia calumniosa presentada por Monckeberg contra Dávalos, señalando que existen antecedentes en diversos medios de comunicación que validan estos hechos.

Consultados por La Tercera PM, el embajador de Chile en Argentina, Nicolás Monckeberg, y Sebastián Dávalos declinaron efectuar comentarios sobre este artículo.