El recargado “árbol navideño” de Marcel: proyecto de reajuste considera un récord de 104 normas

“No está en mi radar”, dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, al ser consultado el 28 de noviembre pasado si el gobierno evaluaba incluir en el proyecto de reajuste de sector público una norma que diera oxígeno a las isapres, en vista de la seguidilla de fallos de la Corte Suprema que obligan a reducir cobros a los afiliados en los próximos meses.

Sin embargo, sorpresivamente a ojos de algunos diputados, este lunes el Ejecutivo incluyó, dentro del mismo reajuste salarial, un par de disposiciones para adelantar la aplicación del nuevo Indicador de Costos de Salud (ICSA), que a juicio de algunos parlamentarios constituye una medida de salvataje transitorio para las aseguradoras privadas.

Según quienes conversaron con el ministro de Hacienda en los últimos días, hasta la semana pasada el jefe económico seguía con dudas de mezclar un tema sensible, como la crisis de las isapres, con el reajuste que, por el contrario, contaba con el visto bueno de la ANEF y gozaba de un respaldo transversal en el Congreso.

Si bien cada año el proyecto de Ley de Reajuste del Sector Público incluye un conjunto de normas que no tienen directa relación con mejoras salariales (las llamadas leyes misceláneas), es una jugada gubernamental que generalmente es cuestionada por los parlamentarios, ya que lo ideal, para el Congreso, es discutir cada ley en su propio mérito.

Por ejemplo, en 2012, fue ácidamente criticada por la oposición de la época (actual oficialismo), la decisión del primer gobierno de Sebastián Piñera de incluir la cuota de captura del bacalao en el reajuste.

El problema de este año es que el proyecto se recargó con temas candentes. Además del conflictivo tema del ICSA (una suerte de IPC de la Salud), el gobierno incluyó otras disposiciones altamente incendiarias; por ejemplo, el alza de remuneraciones en más de 3 millones de pesos para los ministros del Tribunal Constitucional (TC) y la decisión de poner en marcha el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) en Chiloé, a pesar de que fue una exigencia de los parlamentarios -durante la discusión de la última Ley de Presupuestos- congelar la gradual entrada en vigencia del sistema.

El alza de remuneraciones de ministros del TC fue cuestionada especialmente por legisladores de la izquierda oficialistas, mientras que el tema de los SLEP molestó a la senadora Yasna Provoste. “Se debilitan absolutamente las confianzas”, dijo el lunes la legisladora por Atacama.

Adicionalmente, en este fin de año en particular, La Moneda engrosó el proyecto de reajuste con 104 artículos, cada uno de los cuales puede ser discutido como una ley distinta. De hecho, el reajuste propiamente tal, incluyendo bonos y aguinaldos, está detallado entre los artículos 1 y 36.

Del artículo 37 al 67 son acuerdos adicionales adquiridos por el Ejecutivo con los empleados fiscales, por ejemplo, incentivos al retiro.

Del 68 al 78, hay normas puntuales que son mejoras laborales para ciertos servicios públicos.

Sin embargo, ya desde el artículo 79 al 104, son normas que no fueron parte de las negociaciones, según explica el dirigente de los empleados fiscales, Carlos Insunza, coordinador de la Mesa del Sector Público. “Son de responsabilidad del gobierno”, explicó Insunza, quien precisó que tampoco estaba dentro de las demanas de la ANEF el alza de remuneraciones de los magistrados del TC.

La cantidad de artículos sorprendió incluso a experimentados parlamentarios que trabajan en las comisiones de Hacienda del Congreso. De hecho, marca un récord respecto de años pasados,

Por ejemplo, el año pasado fueron 79 artículos, y en 2021, 76 normas. Hasta esta semana, el récord era del año 2020, cuando en el segundo gobierno de Piñera se incluyeron 87 artículos. No obstante, en 2016, en la segunda administración de Michelle Bachelet, solo se incorporaron 5 artículos.