Hacia un presidencialismo parlamentarizado

Esta columna fue escrita por Nicolás Eyzaguirre, en conjunto con Pamela Figueroa, cientista política, y el abogado Tomás Jordán.

La experiencia de los últimos gobiernos, y del actual, nos muestra que la relación entre el poder Ejecutivo y el Legislativo está crecientemente trabada y bloqueada. El diseño constitucional fue creado para generar autoridad, orden y estabilidad, pero no colaboración entre los poderes ni legitimidad democrática. Esto ha conllevado, como uno de sus principales efectos, a que ningún Gobierno, sea de centro-derecha o centro-izquierda, pueda tener una relación fluida con el Congreso ni contar con una mayoría clara y permanente en él.

Las múltiples atribuciones del presidente en materia de políticas públicas y legislativas contrastan con un Congreso abocado más a la fiscalización que a la generación de iniciativas legales. Esto favorece al Presidente sólo en apariencia, pues ningún Gobierno puede legislar si no cuenta con el apoyo del Congreso. La cultura política instituida por el sistema binominal, la proliferación de elecciones primarias y la debilidad de los partidos políticos, ordenó al poder legislativo como sede de liderazgos individuales, de manera que el Presidente debe negociar cada proyecto de ley con cada uno de los parlamentarios, haciendo en extremo dificultoso la conformación de mayorías y teniendo que conceder reivindicaciones particulares muchas veces a expensas del bien común.

Debemos avanzar hacia un régimen donde el Presidente cuente con el apoyo del Congreso como órgano colaborador y co-responsable. Ello exige fortalecer al Congreso y a los partidos políticos en él representados. El Ejecutivo requiere mayoría ciudadana pero también mayoría política. Proponemos que la segunda vuelta se realice en el Congreso y que el Presidente sea electo por la mayoría absoluta del parlamento y que pueda, por única vez, repostular al cabo del primer mandato. El sistema actual lleva a que el ejecutivo electo tenga minoría en el Congreso, al favorecer la dispersión de listas parlamentarias en torno a las candidaturas presidenciales que compiten esperando llegar al balotaje.

Para evitar los gobiernos minoritarios proponemos tres medidas complementarias: a) composición mixta del parlamento entre elegidos en listas cerradas y bloqueadas de partidos con sistema proporcional y parlamentarios elegidos en distritos uninominales para garantizar la representación local. Las listas cerradas tienen por objeto, entre otras características, fortalecer la disciplina partidaria, b) que el presidente pueda llamar al gabinete a parlamentarios elegidos en listas partidarias sin que pierdan su condición de tales, a objeto de fortalecer la colaboración del ejecutivo con los partidos que lo apoyan. Los partidos deberán reforzar su transparencia y cumplir nuevos estándares de elecciones internas y gobernabilidad democrática y c) luego, ya iniciado el gobierno, el presidente puede todavía perder su mayoría, siendo objeto de obstrucción por parte del Congreso en las leyes más importantes. Ante este escenario, y como recurso de última instancia, el Presidente puede optar por disolver el Congreso por una sola vez durante los primeros dos años de Gobierno con el fin de conservar su mayoría. Ahora bien, la disolución habilita a que el nuevo Congreso pueda censurar al Presidente en caso que el nuevo legislativo no lea sea favorable. Ambos dispositivos funcionan como un instrumento de colaboración para la mantención de la mayoría.

Junto con lo anterior proponemos la institución de un Congreso unicameral. Nueva Zelanda, Dinamarca y Costa Rica son ejemplos de ello. Esto evita la duplicación de funciones que hoy existe y el bloqueo mutuo expresado en la habitualidad de recurrir a las comisiones mixtas. Una cámara agilizará la tramitación legislativa y profundizará la representación.

Lo anterior no será posible si no se cuenta con legitimidad ciudadana que complemente la participación electoral. Se requiere establecer ciertos mecanismos de democracia directa. La iniciativa ciudadana de ley permitirá canalizar institucionalmente las demandas de la ciudadanía, el mandato revocatorio de leyes luego de un año de entrada en vigencia evitará la dictación de leyes a espaldas de la ciudadanía, y el plebiscito de las principales reformas constitucionales conferirá una participación directa de las personas en los asuntos públicos.

Más allá de todo lo avanzado en las reformas políticas desde el retorno a la democracia, un sistema trabado y bloqueado como el actual sólo acumula tensiones políticas y sociales, transformando al país más en rehén de su pasado que en constructor de su futuro.